En España no hay una democracia representativa, sino una democracia delegada

"El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros" Ambrose Bierce

Es hora de que abandonemos definitivamente la demagogia a que nos someten los partidos políticos en España, porque en nuestro país no hay una democracia representativa de los ciudadanos, en todo caso es representativa de los partidos políticos. Los partidos políticos seleccionan a los elegibles para que los electores sancionen o denieguen en las urnas su decisión. Evidentemente si los ciudadanos no tienen la oportunidad de elegir más que lo que otros les permiten selectivamente desde los partidos políticos, no hay democracia representativa, sino democracia delegada (o "delegativa", según Guillermo O´Donell).

Una democracia representativa es aquella en la que están representados los intereses de los electores, en España están representados los intereses de los partidos políticos. No es usted el que elige a su representante, es Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba el que decide a quien puede usted elegir. El voto en las urnas es limitado a las condiciones que le impone el partido político que usted decida apoyar con su voto.

En realidad, en la democracia española hay dos sistemas establecidos, uno para los ciudadanos y otro para los políticos. Los políticos disfrutan de un sistema representativo auténtico y pleno, los ciudadanos de un sistema representativo intermediado y limitado, por eso es más preciso hablar de democracia delegada en nuestro sistema que de democracia representativa, un privilegio exclusivo de los políticos que pertenecen a un determinado partido con representación.

Los políticos que ustedes eligen en las urnas no tienen que rendirles cuenta a sus electores, sino a los dirigentes de su partido político, porque los electores delegan en el partido político su decisión. Con cada acto electoral se ratifica un sistema arbitrario e inicuo que obliga a los ciudadanos que participan en las elecciones a seguir engrandeciendo el poder de los partidos políticos en contra de sus propios intereses.

Todos los partidos políticos que deciden participar en este sistema comparten el engaño a que son sometidos los ciudadanos, sabiendo que nunca llegarán al Parlamento aquellos que puedan cuestionar el sistema, por tanto siempre será perpetuado sine die por los que se benefician de la arbitrariedad insidiosa.

De ahí se derivan enormes consecuencias para la salud ética de la democracia en nuestro país, les pondré un ejemplo: si un político es atrapado en un flagrante caso de corrupción la responsabilidad se disuelve en las siglas de su partido, aunque a todo el mundo le parezca que un Camps, Griñán, Blanco o Riopedre son responsables, su responsabilidad está limitada por todas los vericuetos legales que amparan a los políticos frente a la justicia, algo que no ocurre con los ciudadanos. Y yo me pregunto, ¿qué más da tener derecho de pernada que derechos de patada?

Y entramos en una cuestión delirante, denunciada por Herbert Spencer en su día, cuando dijo que el derecho divino de los reyes ha sido sustituido por el derecho divino de los parlamentos, representados en las mayorías. Parece que cuando una mayoría parlamentaria decide algo ha hablado directamente un dios a los hombres, pues según y como, porque las mayorías parlamentarias no pueden decidir todas las cosas que conciernen a un país y sus ciudadanos. Siguiendo un ejemplo de Spencer, los socios de una biblioteca no pueden elegir dedicar sus presupuestos a crear un campo de tiro y gastarse el dinero para comprar libros en dianas y escopetas.

Eso se sale de las condiciones de su contrato, que está limitado por la Constitución y el Estado de Derecho. Por la misma razón una mayoría parlamentaria no puede decidir medidas que vayan contra los intereses de los ciudadanos, como ha ocurrido en las legislaturas anteriores del PSOE o en la actual del PP, y por último, todos los políticos están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, por lo tanto no se puede aceptar que ocurran esperpentos como a los que nos tienen acostumbrados en Parlamentos como el catalán, el vasco, el andaluz o el asturiano.

La ruptura del contrato democrático por una de las partes, es decir, el incumplimiento de la ley por parte de los políticos, conduce inmediatamente a la disolución del contrato y por tanto a la posibilidad de que los ciudadanos también puedan incumplir la ley. Este es, precisamente, el principal problema institucional que atraviesa nuestro país, porque si un político utiliza su cargo para expoliar a los ciudadanos, fuera de la ley, los ciudadanos estamos en nuestro derecho de incumplirla también en todas las obligaciones que nos corresponden. Esto convierte nuestro país en un polvorín dispuesto a saltar por los aires con cualquier chispa, porque se está produciendo una extravagante situación denunciada todos los días por los medios de comunicación, que deriva en un abuso de poder inefable, una corrupción insólita y una depravación digna de establecer medidas extraordinarias.

Si no se hace nada, si no se responde de forma adecuada a esta degeneración política, exigiendo restitución y sanción a todos aquellos que han sobrepasado los límites de su mandato, este país camina hacia el caos y la catástrofe. No se puede exigir a los demás, aquello que uno no se exige a sí mismo, la ley del embudo está bien para las tiranías, pero no puede aceptarse en un régimen democrático, aunque sea con una democracia delegada y no representativa.

Nuestra democracia no se puede comprender desde un sufragio universal cuando este es limitado, por tanto deberíamos hablar más bien de un sufragio censitario, donde alcanza su capacidad ilimitada el voto, en esta ocasión no establecido por la condición económica, sino por la condición partidaria de pertenencia a un partido. Es decir, estamos hablando de una Democracia Delegada, no de un sistema representativo de los ciudadanos.

Enrique Suárez