Hacia la oclocracia en España

Quiero abandonar el tono jocoso e irónico de los últimos artículos publicados para ocuparme de un grave problema que está aconteciendo en nuestro país y dirigirme a todos los compatriotas que quieran leerme, con la máxima seriedad y rigor posible, porque la cuestión es muy importante.

Había esperado, inútilmente, ver en los numerosos artículos que cada día se producen sobre la cuestión política en España la aparición del término OCLOCRACIA, pero no ha habido suerte; el nivel cultural de los que se ocupan de la política en este país, políticos, jueces y periodistas es demasiado bajo para entrar en definiciones con propiedad y criterio. En fin, vayan quedándose con el término, porque seguro que a partir de ahora lo verán citado con frecuencia (sin mencionar la fuente, por supuesto).

Oclocracia etimológicamente significa gobierno de la muchedumbre y según las enseñanzas de Aristóteles es una de las tres formas posibles de la degeneración del Gobierno, en concreto de la Politeia, que podría traducirse como la forma de hacer las cosas en la política siguiendo las reglas establecidas, por ejemplo por la Constitución. Las otras dos formas de degeneración de la actividad política son la oligarquía –gobierno de una élite en la que se concentra el poder- y la tirania –gobierno de un déspota-, que también se expresan en nuestro país, pero vamos a ocuparnos de la oclocracia.

Si la democracia es el gobierno del pueblo, una entidad constituida y establecida, sujeta a derechos y deberes, que se desenvuelve en el ámbito de unas reglas establecidas previamente, la oclocracia es precisamente el gobierno de la muchedumbre que actúa por inducción del poder establecido que se convierte exclusivamente en su representante. Cuando un gobierno cambia de decisión porque tiene a la gente en la calle, movida por el agit-pro de los habituales profesionales de la movilización de masas, está participando de la oclocracia y no de la democracia.

La muchedumbre no alcanza la categoría de pueblo porque no respeta las reglas establecidas, es decir que su voluntad general se ha transferido a representantes que ejercen el poder desde las instituciones. La oclocracia subvierte el orden democrático, las reglas del juego, la muchedumbre no es el pueblo, es una parte del pueblo que se considera a sí misma legitimada de soberanía y representación del poder popular y que trata de someter a su criterio a todas las instituciones que ejercen el poder legítimamente.

Así la muchedumbre se enfrenta a los jueces de la Sala II del Tribunal Supremo legitimados para ejercer su potestad en el Estado de Derecho que nos hemos concedido los españoles democráticamente (en defensa del juez Garzón, acusado de prevaricación, e induciendo a los políticos, jueces inmorales, artistas, y representantes públicos de diversas instituciones a su apoyo –aunque sea una arbitrariedad manifiesta y esperpéntica-), incluso recibiendo el apoyo discreto o manifiesto del Gobierno y de su Presidente.

Así la muchedumbre se lanza a defender a los terroristas de ETA en el País Vasco o se dedica a hacer referenda de autodeterminación en distintas localidades catalanas. De este ambiente de ilegitimidad se contaminan los políticos favorecidos por los movimientos de la muchedumbre, que aplauden esas decisiones como expresión natural de la democracia, cuando en realidad son precisamente lo contrario, pura oclocracia. Las manifestaciones del President Montilla determinando desde un poder periférico las condiciones de un poder central, como el Tribunal Constitucional, son otro claro ejemplo de oclocracia, así como las declaraciones de hoy mismo, en las que Jordi Pujol ha dicho textualmente: “Cataluña no tiene por qué respetar al Tribunal Constitucional". Por supuesto, señor Pujol, que no se respete y Cataluña se declarará en secesión y justificará la intervención del Estado, en todas sus manifestaciones, para recuperar la legitimidad y el orden establecido por el pueblo español, de no hacerlo, los miembros del Gobierno serán responsables de traición ante el pueblo español y los tribunales de justicia españoles. ¿Por qué no ha dicho eso también cuando sabe que es cierto?. ¿Necesita usted una nación con urgencia, junto al President Montilla, para tapar todo lo ocurrido en la corrupción de los casos Millet y Pretoria?.

Aristóteles, Pericles, Juvenal, Shakespeare, Lope de Vega, Tocqueville, Ortega y Gasset , o Sartori, han advertido del permanente peligro para la democracia que suponen los oclócratas –quédense con el término- que ejercen el poder cuando promueven la degeneración de la democracia a oclocracia, con el objetivo de mantener dicho poder de forma corrupta, buscando una ilusoria legitimidad en el sector más ignorante de la sociedad, hacia el cual vuelcan todos sus esfuerzos propagandísticos y manipuladores.

Como nos cuentan en la wikipedia: en el desarrollo de esta política, sólo se tiene en cuenta de una forma superficial y burda los reales intereses del país, dirigiéndose el objetivo de la conquista y al mantenimiento de un poder personal o de grupo, mediante la acción demagógica en sus múltiples formas apelando a emociones irracionales mediante estrategias como la promoción de discriminaciones, fanatismos y sentimientos nacionalistas exacerbados; el fomento de los miedos e inquietudes irracionales; la creación de deseos injustificados o inalcanzables; etc. para ganar el apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la oratoria, la retórica y el control de la población. La apropiación de los medios de comunicación y de los medios de educación por parte de dichos sectores de poder son puntos clave para quien busca esta estructura de gobierno, a fin de utilizar la desinformación.

Así se mantiene un dominio sobre masas en movimiento que hacen valer sus propias instancias inmediatas e incontroladas creando la ilusión de que se impone un legítimo poder constituido sobre la voluntad popular. Sin embargo, tal y como asegura Rousseau en El Contrato Social falta la piedra angular, es decir, la voluntad general de unos ciudadanos conscientes de su situación y de sus necesidades, una voluntad formada y preparada para la toma de decisiones y para ejercer su poder de legitimización de forma plena. De esta forma, en la oclocracia la legitimidad que otorga el pueblo está corrupta, pasando el poder del campo de los políticos al campo de los demagogos.

Rousseau nos advirtió de que la democracia degenera en oclocracia cuando la voluntad general cede ante las voluntades particulares, por ejemplo por artimañas que distraen la percepción de la opinión pública en un alegoría falaz del poder legítimo, algo que está ocurriendo actualmente en países de América Latina, que están siendo gobernados por auténticos déspotas con el apoyo de las muchedumbres, que nada tienen que ver con el pueblo callado y sometido que soporta estoicamente la opresión y los privilegios.

La democracia española se ha transformado en una oclocracia, gracias a los déspotas que detentan el poder político, los opositores que no saben distinguir entre pie y mano, y las muchedumbres agitadas por todos los grupos de presión de izquierdas y nacionalistas, que tienen por único interés erradicar la democracia de este país.

Queridos compatriotas, los españoles estamos obligados a actuar con diligencia y criterio para desplazar del poder a los oclócratas que quieren eliminar la democracia en España. La acción es urgente, la cohesión imprescindible, los bárbaros han llegado con la decisión de quedarse con nuestra democracia, nuestras instituciones, y nuestras vidas, y convertir a un pueblo libre en esclavo de sus veleidades fundamentadas en la ignorancia y la ambición extrema en la apropiación indebida. Desde La Moncloa se está dando un Golpe de Estado encubierto para ocultar todos los desmanes que el PSOE ha cometido durante estos últimos seis años, y el PP se calla porque también quiere ocultar los suyos, mientras los nacionalistas esperan seguir sacando tajada.

O acabamos con el régimen de opresión o el régimen de opresión que el PSOE está ejerciendo desde el Gobierno acabará con nuestra libertad. Estamos en una oclocracia, que es un régimen político que ejerce el poder –por intermediación del Gobierno- desde la voluntad de la muchedumbre que no se ajusta a la ley.

Biante de Priena