La gravedad de la situación política española hace que hasta una buena noticia para cualquier demócrata, como es la detención del aparato político de ETA por decisión judicial, se convierta en motivo de seria preocupación.
Preocupación motivada por el oportunismo político que demuestra el juez Garzón al proceder ahora contra los dirigentes de Batasuna, justo cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero, ante la inminencia de las elecciones generales, se afana con empeño en crear ante los electores la imagen de estadista resuelto a luchar contra el terrorismo por todos los medios y borrar de esa manera la manifiesta repulsa que han provocado en gran parte de la población sus reiteradas cesiones durante el llamado “proceso de paz” (excarcelación de De Juana, diálogo político con los representantes de ETA, no ilegalización de PCTV y ANV, etc.).
La esencia de un régimen democrático no reside exclusivamente en el sufragio universal como medio de elección de los representantes de la ciudadanía, sino que tiene en la separación de poderes y, especialmente, en la independencia del poder judicial, uno de sus soportes más firmes. Este ha de actuar en cumplimiento de la legalidad vigente en todo momento y no subordinar sus decisiones a la coyuntura política marcada por el gobierno de turno, como ha hecho según sus propias palabras el juez Garzón.
Solo el imperio de la ley garantiza la igualdad y la justicia a los ciudadanos. La acomodación a la estrategia política del gobierno o la aplicación “flexible” en virtud de los intereses y alianzas de este (como ocurre con el consentimiento “de facto” para que la bandera nacional no ondee en muchas instituciones presididas por socialistas y nacionalistas) suponen instaurar la arbitrariedad como principio jurídico y, en consecuencia, provocan la demolición del Estado de Derecho.
Lo que es verdaderamente escandaloso es que sean los propios jueces los que renuncien a su independencia y actúen como correas de transmisión de los intereses partidistas del gobierno . Por eso en la actual situación de España resulta primordial tomar medidas para conseguir una efectiva separación de los poderes del Estado que aseguren la independencia judicial y dificulten el bochornoso espectáculo que las más altas instancias judiciales (véase el caso del Tribunal Constitucional) nos proporcionan con frecuencia.
En este sentido es necesario recordar que fue la llegada de los socialistas al poder en 1982 la que promovió toda una serie de modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que hizo más dependiente de los partidos políticos el nombramiento de determinados puestos clave de la carrera judicial, sin que la victoria de los populares en 1996 supusiera, a pesar de lo prometido en su programa electoral, una vuelta a la independencia perdida. En la actualidad, el gobierno de Zapatero continúa dando pasos en la dirección equivocada con la reciente modificación del sistema de promoción de los fiscales.
Habrá que estar, por tanto, muy alertas ante las propuestas que en este sentido puedan hacer las diferentes fuerzas políticas que se presentan a las próximas elecciones generales, especialmente de aquellas que llegan por primera vez a una contienda de este tipo defendiendo la regeneración de nuestra maltrecha democracia, como es el caso de UPD (lástima de Ciudadanos). En aspectos como este es en los que pueden acreditar una auténtica identidad transformadora (por no llamarla revolucionaria) y no en la utilización de manidas etiquetas ideológicas (centroizquierda, progresismo) de quitaipón.
Diego de Miranda
Preocupación motivada por el oportunismo político que demuestra el juez Garzón al proceder ahora contra los dirigentes de Batasuna, justo cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero, ante la inminencia de las elecciones generales, se afana con empeño en crear ante los electores la imagen de estadista resuelto a luchar contra el terrorismo por todos los medios y borrar de esa manera la manifiesta repulsa que han provocado en gran parte de la población sus reiteradas cesiones durante el llamado “proceso de paz” (excarcelación de De Juana, diálogo político con los representantes de ETA, no ilegalización de PCTV y ANV, etc.).
La esencia de un régimen democrático no reside exclusivamente en el sufragio universal como medio de elección de los representantes de la ciudadanía, sino que tiene en la separación de poderes y, especialmente, en la independencia del poder judicial, uno de sus soportes más firmes. Este ha de actuar en cumplimiento de la legalidad vigente en todo momento y no subordinar sus decisiones a la coyuntura política marcada por el gobierno de turno, como ha hecho según sus propias palabras el juez Garzón.
Solo el imperio de la ley garantiza la igualdad y la justicia a los ciudadanos. La acomodación a la estrategia política del gobierno o la aplicación “flexible” en virtud de los intereses y alianzas de este (como ocurre con el consentimiento “de facto” para que la bandera nacional no ondee en muchas instituciones presididas por socialistas y nacionalistas) suponen instaurar la arbitrariedad como principio jurídico y, en consecuencia, provocan la demolición del Estado de Derecho.
Lo que es verdaderamente escandaloso es que sean los propios jueces los que renuncien a su independencia y actúen como correas de transmisión de los intereses partidistas del gobierno . Por eso en la actual situación de España resulta primordial tomar medidas para conseguir una efectiva separación de los poderes del Estado que aseguren la independencia judicial y dificulten el bochornoso espectáculo que las más altas instancias judiciales (véase el caso del Tribunal Constitucional) nos proporcionan con frecuencia.
En este sentido es necesario recordar que fue la llegada de los socialistas al poder en 1982 la que promovió toda una serie de modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que hizo más dependiente de los partidos políticos el nombramiento de determinados puestos clave de la carrera judicial, sin que la victoria de los populares en 1996 supusiera, a pesar de lo prometido en su programa electoral, una vuelta a la independencia perdida. En la actualidad, el gobierno de Zapatero continúa dando pasos en la dirección equivocada con la reciente modificación del sistema de promoción de los fiscales.
Habrá que estar, por tanto, muy alertas ante las propuestas que en este sentido puedan hacer las diferentes fuerzas políticas que se presentan a las próximas elecciones generales, especialmente de aquellas que llegan por primera vez a una contienda de este tipo defendiendo la regeneración de nuestra maltrecha democracia, como es el caso de UPD (lástima de Ciudadanos). En aspectos como este es en los que pueden acreditar una auténtica identidad transformadora (por no llamarla revolucionaria) y no en la utilización de manidas etiquetas ideológicas (centroizquierda, progresismo) de quitaipón.
Diego de Miranda
1 comentario:
El artículo es de una lucidez digno de esta página y fuera de lo común.
Enhorabuena al autor.
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