Hace un par de semanas, se lanzó a la luz pública –al parecer desde el seno del PSC- un manifiesto por la refundación del socialismo en Cataluña, que pueden leer en nuestro foro. Su propuesta básica es que el PSOE recupere el dominio socialista en Cataluña pues el PSC del tripartit ha iniciado una deriva nacionalista que no es fiel a los principios fundacionales del socialismo español de Pablo Iglesias.
En realidad, el PSC se ha hecho nacionalista para permanecer en el poder a cualquier precio, y poco le importa a sus representantes lo que dijera o no dijera el español Pablo Iglesias.
Tras el batacazo del PSGa en Galicia y el “triunfo simbólico” del PSE en Euskadi, condicionado al apoyo de los constitucionalistas (PP y UPyD) si Patxi López quiere formar inequívocamente gobierno –con el consecuente “agravio” para el PNV tras treinta años ininterrumpidos en el poder-, insinúa un próximo cambio en la orientación política del PSOE en los meses próximos.
Este manifiesto por la refundación del socialismo en Cataluña es simplemente un anticipo de lo que vendrá de forma directa, porque de forma indirecta, UPyD, el partido de Rosa Díez, aún en estado embrionario, pero con enorme vitalidad, está preparado para recoger el voto socialista no nacionalista en próximas convocatorias electorales –los comicios europeos se celebrarán en tres meses-, y un ascenso suficiente de este partido, pondría en peligro la gobernabilidad del Estado por parte del PSOE, sin apoyos “inquebrantables” de los partidos nacionalistas, quizás con la excepción de los catalanistas, aunque CIU le pasaría las facturas con IVA al PSOE, con escaso margen de maniobra tras la prodigalidad del Presidente Zapatero en concesiones a la Generalitat. Cuando menos CIU “exigiría” la aprobación definitiva e irrevocable del Estatut por el Tribunal Constitucional, lo que supondría de facto la secesión “formal” de Cataluña del Estado español.
Los estatutos catalanes
En los últimos 75 años, los catalanes han votado en tres ocasiones estatutos de autonomía, el denominado Estatut de Nùria el dos de agosto de 1931, con una participación del 75,13 % y una aprobación del 99,49 %, posteriormente, al comienzo del actual periodo constitucional el 25 de octubre de 1979, el conocido como Estatuto de Sau, con una participación del 59,3 % de la población catalana, una aprobación del 88,15 %, una refutación del 7,76 % y un 3,35 % de votos en blanco.
Algo no se ha debido hacer muy bien en el actual estatuto, 18 de junio de 2006, cuando ha sido el menos votado de la historia reciente de Cataluña, habiendo superado la abstención (50.59 %) a la participación (49,41 %), lo que en cierta forma cuestiona su legitimidad, pues al ser una “regla de reglas o lex prima” y recibir menos de la mitad de apoyo público resulta revocado de natura. Sin embargo, no ha sido así y este estatuto de medio pelo, ha sido atesorado por el nacionalismo y el socialismo catalán, porque en buena parte de él depende su pervivencia política.
Lo cierto es que del 49,41 % que votaron el estuto del 2006, el 73,9 % lo hicieron a favor, el 20, 76 % en contra, y el 5,34 % en blanco, convirtiéndolo en el estatuto más contestado por los catalanes a lo largo de la historia.
De los 5.202.291 habitantes censados en Cataluña, votaron afirmativamente por este estatuto de autonomía 1.882.650 catalanes, es decir, un 36,19 % de la población con derecho a voto de Cataluña, pírrico resultado para afianzar “una independencia gestual” del Estado español. A la vista de los resultados, prácticamente 2 de cada 3 catalanes no han sancionado su acuerdo con este estatuto, por lo que si sale adelante, será por singular imposición política y extraña connivencia jurídica, no por explícita voluntad ciudadana.
Y aquí se contempla de nuevo, en todo su esplendor, las barbaridades valorativas del nacionalismo catalán –y el socialismo nacionalista-, que transducen la voluntad popular según conveniencia y propósito político, sin tener en cuenta la sensibilidad pública de los ciudadanos. Esa violencia implícita de la política catalanista –con la lengua, con la cultura, con la secesión del Estado, con la negación de la historia, con la educación, la coacción de los discrepantes, la persecución ladina de lo español, y la osadía intempestiva- es algo que ha caracterizado las acciones del tripartit en los últimos años. Es algo incrustado en la política catalana que desmerece y enturbia cualquier logro conseguido, y sólo supone un parche provisional que sirve a la coyuntura más que a la trascendencia.
Una “nación”, aunque sea de diseño, no se hace a pesar de la voluntad ciudadana, sino con la aprobación masiva e irrefutable de los censados. La improbable aprobación del nuevo estatuto catalán no cierra, ni supera, la situación actual de tensión permanente entre la autonomía catalana y la nación española, al contrario, nos lleva directamente a una nueva entrega de la conflictividad intrínseca, y lo que es peor, a una incapacidad absoluta del PSOE para resolverla, puesto que difícilmente se puede aceptar un partido transversal entre el nacionalismo en Cataluña y el constitucionalismo en Euskadi. El PSOE se ha introducido en un túnel sin salida y difícilmente podrá retroceder, ni con una solución alquímica que transmute en coherencia los desaguisados.
La cuerda floja por la que ha transcurrido la política de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero se ha soltado de sus fijaciones tras la última convocatoria electoral. Añadido a la crisis económica que impide cualquier política populista, sin pagar un elevado precio, condena a este partido a una huída inconsciente hacia delante, lo que le convierte en un elemento extraordinariamente peligroso para el futuro de los españoles.
En estas circunstancias, hay que dejar de mirar al PSOE como solución, porque se ha agotado en sus propias incongruencias y es necesario considerarlo como parte del problema a resolver.
El mundo del mañana-mañana
Antes de alcanzar la distopía de la trilogía posnuclear de Mad Max, que difícilmente se llegará a producir, puesto que el núcleo de la cultura occidental permanece absolutamente indemne ante la crisis, deberíamos hacer algunas reflexiones, al menos para el caso español.
Nuestro país no puede seguir mirando para otro lado, mientras los países que compiten directa e indirectamente con nosotros se pertrechan para afrontar la realidad, por muy inmaduro e incapaz que sea el Presidente del Gobierno que nos ha correspondido en el sorteo electoral. La crisis ha desnudado al Gobierno, Pedro Solbes –que envidia el ex de Bermejo- y Maria Teresa Fernández de la Vega, llevan semanas desaparecidos, el resto de ministros se han esfumado –Maleni a Siberia, pero desgraciadamente no se ha quedado allí-, y el Presidente Zapatero -que pretende establecer un acuerdo de estado para “follar” con Rusia- no acaba de caer del guindo, y sigue haciendo promesas que no puede cumplir y que cada día resultan más ridículas, y sólo dan para hacer chascarrillos.
Las medidas que propondrá Zapatero de forma inmediata, porque no le queda otra, son las que le han dictado al oído desde el Financial Times: reforma laboral drástica, subida de impuestos, congelación salarial –sino es recorte salarial- de los funcionarios (y posiblemente de las pensiones), endeudamiento de las arcas del Estado hasta un 10 % de déficit del PIB, extraordinaria restricción de los gastos públicos –a falta de devaluación del euro-, y renegociación de la deuda. El Banco de Santander y el BBVA, se han alejado de las ayudas de este gobierno, porque si se prestaran a las mismas, serían elegidos como chivos expiatorios de la hecatombe social que se avecina, evidentemente acompañada de sus correlatos políticos.
En España no hay una banca pública en sentido estricto, pero las finazas públicas de las Cajas de Ahorros pueden servir de elemento estimador de la interacción entre la política y la economía en nuestro país. La situación actual es dramática y seguramente va a empeorar en los próximos meses. La CECA ha tenido que crear una sociedad que gestione los activos inmobiliarios –las viviendas hipotecadas que han sido recuperadas tras impago- y en un informe reciente sobre la construcción en nuestro país, se afirma que el parque inmobiliario existente en la actualidad no se enajenará hasta dentro de diez años, tiempo en que la mayoría del os parados de la construcción no encontrarán trabajo, en el sector de la hostelería se producirá un descenso importante en el próximo verano por la reducción del turismo y en el sector industrial, la mayoría de los ERE se transformarán en desempleo permanente. Se calcula que en el 2010 alcancemos el 20 % de parados.
Además, a fecha actual, algo más de un millón de demandantes de empleo no perciben prestación alguna, lo que ha supuesto que la Unión Europea haya advertido seriamente al Gobierno español de su negligencia e incapacidad. Por primera vez en los últimos diez años se ha reducido el número de inmigrantes que llegan a nuestro país.
El Presidente Zapatero, su Gobierno, el PSOE , y el entramado de poder que han configurado en los últimos cinco años no están capacitados para afrontar y mucho menos para resolver lo que está ocurriendo, tampoco lo que acontecerá en los próximos meses. El PP, en una situación similar con el desempleo, resolvió el problema cuando Aznar gobernaba, pero eso no quiere decir que ahora esté en condiciones de hacerlo, y evidentemente, si el PP gobernara hoy, los sindicatos habrían tomado las calles y ya llevaríamos cinco huelgas generales.
“El PSOE ha muerto”, anunció Rosa Díez hace poco más de un año, no estaba equivocada, pero si el PSOE ha muerto -cuestión que comparto-, es necesario hacerse una pregunta: ¿quién nos está gobernando?.
Biante de Priena
En realidad, el PSC se ha hecho nacionalista para permanecer en el poder a cualquier precio, y poco le importa a sus representantes lo que dijera o no dijera el español Pablo Iglesias.
Tras el batacazo del PSGa en Galicia y el “triunfo simbólico” del PSE en Euskadi, condicionado al apoyo de los constitucionalistas (PP y UPyD) si Patxi López quiere formar inequívocamente gobierno –con el consecuente “agravio” para el PNV tras treinta años ininterrumpidos en el poder-, insinúa un próximo cambio en la orientación política del PSOE en los meses próximos.
Este manifiesto por la refundación del socialismo en Cataluña es simplemente un anticipo de lo que vendrá de forma directa, porque de forma indirecta, UPyD, el partido de Rosa Díez, aún en estado embrionario, pero con enorme vitalidad, está preparado para recoger el voto socialista no nacionalista en próximas convocatorias electorales –los comicios europeos se celebrarán en tres meses-, y un ascenso suficiente de este partido, pondría en peligro la gobernabilidad del Estado por parte del PSOE, sin apoyos “inquebrantables” de los partidos nacionalistas, quizás con la excepción de los catalanistas, aunque CIU le pasaría las facturas con IVA al PSOE, con escaso margen de maniobra tras la prodigalidad del Presidente Zapatero en concesiones a la Generalitat. Cuando menos CIU “exigiría” la aprobación definitiva e irrevocable del Estatut por el Tribunal Constitucional, lo que supondría de facto la secesión “formal” de Cataluña del Estado español.
Los estatutos catalanes
En los últimos 75 años, los catalanes han votado en tres ocasiones estatutos de autonomía, el denominado Estatut de Nùria el dos de agosto de 1931, con una participación del 75,13 % y una aprobación del 99,49 %, posteriormente, al comienzo del actual periodo constitucional el 25 de octubre de 1979, el conocido como Estatuto de Sau, con una participación del 59,3 % de la población catalana, una aprobación del 88,15 %, una refutación del 7,76 % y un 3,35 % de votos en blanco.
Algo no se ha debido hacer muy bien en el actual estatuto, 18 de junio de 2006, cuando ha sido el menos votado de la historia reciente de Cataluña, habiendo superado la abstención (50.59 %) a la participación (49,41 %), lo que en cierta forma cuestiona su legitimidad, pues al ser una “regla de reglas o lex prima” y recibir menos de la mitad de apoyo público resulta revocado de natura. Sin embargo, no ha sido así y este estatuto de medio pelo, ha sido atesorado por el nacionalismo y el socialismo catalán, porque en buena parte de él depende su pervivencia política.
Lo cierto es que del 49,41 % que votaron el estuto del 2006, el 73,9 % lo hicieron a favor, el 20, 76 % en contra, y el 5,34 % en blanco, convirtiéndolo en el estatuto más contestado por los catalanes a lo largo de la historia.
De los 5.202.291 habitantes censados en Cataluña, votaron afirmativamente por este estatuto de autonomía 1.882.650 catalanes, es decir, un 36,19 % de la población con derecho a voto de Cataluña, pírrico resultado para afianzar “una independencia gestual” del Estado español. A la vista de los resultados, prácticamente 2 de cada 3 catalanes no han sancionado su acuerdo con este estatuto, por lo que si sale adelante, será por singular imposición política y extraña connivencia jurídica, no por explícita voluntad ciudadana.
Y aquí se contempla de nuevo, en todo su esplendor, las barbaridades valorativas del nacionalismo catalán –y el socialismo nacionalista-, que transducen la voluntad popular según conveniencia y propósito político, sin tener en cuenta la sensibilidad pública de los ciudadanos. Esa violencia implícita de la política catalanista –con la lengua, con la cultura, con la secesión del Estado, con la negación de la historia, con la educación, la coacción de los discrepantes, la persecución ladina de lo español, y la osadía intempestiva- es algo que ha caracterizado las acciones del tripartit en los últimos años. Es algo incrustado en la política catalana que desmerece y enturbia cualquier logro conseguido, y sólo supone un parche provisional que sirve a la coyuntura más que a la trascendencia.
Una “nación”, aunque sea de diseño, no se hace a pesar de la voluntad ciudadana, sino con la aprobación masiva e irrefutable de los censados. La improbable aprobación del nuevo estatuto catalán no cierra, ni supera, la situación actual de tensión permanente entre la autonomía catalana y la nación española, al contrario, nos lleva directamente a una nueva entrega de la conflictividad intrínseca, y lo que es peor, a una incapacidad absoluta del PSOE para resolverla, puesto que difícilmente se puede aceptar un partido transversal entre el nacionalismo en Cataluña y el constitucionalismo en Euskadi. El PSOE se ha introducido en un túnel sin salida y difícilmente podrá retroceder, ni con una solución alquímica que transmute en coherencia los desaguisados.
La cuerda floja por la que ha transcurrido la política de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero se ha soltado de sus fijaciones tras la última convocatoria electoral. Añadido a la crisis económica que impide cualquier política populista, sin pagar un elevado precio, condena a este partido a una huída inconsciente hacia delante, lo que le convierte en un elemento extraordinariamente peligroso para el futuro de los españoles.
En estas circunstancias, hay que dejar de mirar al PSOE como solución, porque se ha agotado en sus propias incongruencias y es necesario considerarlo como parte del problema a resolver.
El mundo del mañana-mañana
Antes de alcanzar la distopía de la trilogía posnuclear de Mad Max, que difícilmente se llegará a producir, puesto que el núcleo de la cultura occidental permanece absolutamente indemne ante la crisis, deberíamos hacer algunas reflexiones, al menos para el caso español.
Nuestro país no puede seguir mirando para otro lado, mientras los países que compiten directa e indirectamente con nosotros se pertrechan para afrontar la realidad, por muy inmaduro e incapaz que sea el Presidente del Gobierno que nos ha correspondido en el sorteo electoral. La crisis ha desnudado al Gobierno, Pedro Solbes –que envidia el ex de Bermejo- y Maria Teresa Fernández de la Vega, llevan semanas desaparecidos, el resto de ministros se han esfumado –Maleni a Siberia, pero desgraciadamente no se ha quedado allí-, y el Presidente Zapatero -que pretende establecer un acuerdo de estado para “follar” con Rusia- no acaba de caer del guindo, y sigue haciendo promesas que no puede cumplir y que cada día resultan más ridículas, y sólo dan para hacer chascarrillos.
Las medidas que propondrá Zapatero de forma inmediata, porque no le queda otra, son las que le han dictado al oído desde el Financial Times: reforma laboral drástica, subida de impuestos, congelación salarial –sino es recorte salarial- de los funcionarios (y posiblemente de las pensiones), endeudamiento de las arcas del Estado hasta un 10 % de déficit del PIB, extraordinaria restricción de los gastos públicos –a falta de devaluación del euro-, y renegociación de la deuda. El Banco de Santander y el BBVA, se han alejado de las ayudas de este gobierno, porque si se prestaran a las mismas, serían elegidos como chivos expiatorios de la hecatombe social que se avecina, evidentemente acompañada de sus correlatos políticos.
En España no hay una banca pública en sentido estricto, pero las finazas públicas de las Cajas de Ahorros pueden servir de elemento estimador de la interacción entre la política y la economía en nuestro país. La situación actual es dramática y seguramente va a empeorar en los próximos meses. La CECA ha tenido que crear una sociedad que gestione los activos inmobiliarios –las viviendas hipotecadas que han sido recuperadas tras impago- y en un informe reciente sobre la construcción en nuestro país, se afirma que el parque inmobiliario existente en la actualidad no se enajenará hasta dentro de diez años, tiempo en que la mayoría del os parados de la construcción no encontrarán trabajo, en el sector de la hostelería se producirá un descenso importante en el próximo verano por la reducción del turismo y en el sector industrial, la mayoría de los ERE se transformarán en desempleo permanente. Se calcula que en el 2010 alcancemos el 20 % de parados.
Además, a fecha actual, algo más de un millón de demandantes de empleo no perciben prestación alguna, lo que ha supuesto que la Unión Europea haya advertido seriamente al Gobierno español de su negligencia e incapacidad. Por primera vez en los últimos diez años se ha reducido el número de inmigrantes que llegan a nuestro país.
El Presidente Zapatero, su Gobierno, el PSOE , y el entramado de poder que han configurado en los últimos cinco años no están capacitados para afrontar y mucho menos para resolver lo que está ocurriendo, tampoco lo que acontecerá en los próximos meses. El PP, en una situación similar con el desempleo, resolvió el problema cuando Aznar gobernaba, pero eso no quiere decir que ahora esté en condiciones de hacerlo, y evidentemente, si el PP gobernara hoy, los sindicatos habrían tomado las calles y ya llevaríamos cinco huelgas generales.
“El PSOE ha muerto”, anunció Rosa Díez hace poco más de un año, no estaba equivocada, pero si el PSOE ha muerto -cuestión que comparto-, es necesario hacerse una pregunta: ¿quién nos está gobernando?.
Biante de Priena
