La representación política en España es un robo, un auténtico crimen contra el pueblo y la democracia

“El 13 de julio de 1793. Marie-Anne Charlotte Corday al ciudadano Marat. Es suficiente que me sienta tan desgraciada para tener derecho a vuestra benevolencia”. La muerte de Marat, Jacques-Louis David, 1793.

Antes de que los irresponsables que representan políticamente a los españoles acaben con la democracia debemos dar un paso al frente para expulsarlos del poder, no se puede soportar más miseria. La democracia española está muy enferma, al borde de su agonía, gracias a la invasión de parásitos que medran en impunidad en su marco privilegiado, mientras dilapidan los fondos públicos en propaganda para hacerse imprescindibles.

Es hora de enfrentarnos al mayor problema que tenemos en España, mucho más grave que el paro, la crisis económica, la paulatina decadencia de las libertades, o la ausencia de respeto por nuestros derechos constitucionales, porque si no erradicamos la infestación política e impedimos su reproducción, de nada servirá ya acudir a las urnas. ¿Votar para qué?, ¿para cambiar de amo?. Estamos en el siglo XXI y no se puede admitir que los políticos infames nos traten a los ciudadanos libres como si fuéramos sus siervos.

Los políticos opresores están ejerciendo un daño institucional irreparable, no será fácil que los españoles volvamos a creer en las instituciones desde las que se administra el poder que concedemos en democracia. Esta forma de actuar del poder político en democracia, es inadmisible, ilegítima y criminal, el poder tiene sus límites establecidos y quien los supera debe ser apartado de inmediato de todo acceso a la representación pública de los ciudadanos, además de juzgado por su desmesura. Hibrys siempre trae como consecuencia Némesis.

La democracia en España ha degenerado por completo, vivimos en una democracia usurpada, que ha derivado en una oclocracia, que es el gobierno de los tiranos soportado sobre los sectores apesebrados con los que se mantienen mutuamente en simbiosis para repartirse los privilegios. No hay oposición, hay silencio cómplice por parte de los que deberían enfrentarse contra los opresores, porque a lo único que aspiran es a heredar el sistema de opresión, sin cambiar los mecanismos que conceden privilegios a los políticos y perjuicios a los ciudadanos, tratados como súbditos y siervos.

Es hora de hacer una reflexión sobria y serena, antes de pasar a la urgente acción. Entre las numerosas propuestas que fluyen por el espacio de comunicación pública, aquí dejo la mía, el primer paso es eliminar de la representación política a todos los que han mostrado no representar más que sus intereses o los de su partido, para ello hay que identificarlos uno por uno y juzgar su gestión de forma independiente, sin entrar si pertenecen a un partido u a otro. Todo aquel que no haya representado los ntereses generales, de todos los españoles, será considerado sospechoso de sectarismo y corrupción, y relegado de sus funciones representativas.

El segundo paso es generar un sistema de transición política para erradicar toda la miseria y mezquindad a la que hemos estado expuestos estos años.

El tercero es promover una reforma Constitucional que impida que vuelva a ocurrir algo parecido en el futuro.

En cuarto lugar, realizar una Auditoría General del Estado, de todas las instituciones públicas, para mostrar de forma transparente y permanente que es lo que se hace en este país con dinero público, los medios existen y sólo es necesaria la voluntad para hacerlo.

Y por último juzgar a todos los representantes públicos que se hayan apropiado en dinero, especias o propiedades de algo que exceda estrictamente sus remuneraciones e ingresos fiscalizados. Pero hacerlo con un sistema jurídico renovado, del que se hayan expulsado previamente a todos los jueces y fiscales conniventes con el régimen corrupto, como por ejemplo el ciudadano Garzón (y todos los que han defendido su inimputabilidad), tras su juicio por aquellos de sus compañeros que puedan demostrar su honestidad, rigor jurídico y lealtad institucional. Lo mismo deberá hacerse con todos los medios de comunicación y los periodistas que hayan mentido, intoxicado y ejercido la propaganda insidiosa, con el objetivo de enmascarar la inmensa corrupción política en la que hemos vivido y estamos viviendo, como por ejemplo alguno que va de plural.

Dirán algunos que estas medidas recuerdan a las tomadas tras la Revolución Francesa por los Comités de Salúd Pública, pues como si dicen misa, porque lo único que haces es impedir que el peso de la Ley caiga sobre ellos. Contra los ladrones no bastan las palabras, hay que pasar a los hechos, y en el Estado español, nunca ha habido tantos ladrones en representación pública de los ciudadanos, como hoy en día, que eso no tiene nada que ver con la situación internacional, sino con la condición infame de los políticos que tenemos en España. Ni Marat puede salvarnos del Robespierre colectivo que habita en La Moncloa.

Si no lo hacemos, y si no lo hacemos pronto, tendremos que aceptar que nunca volveremos a vivir en una democracia, sino en una tiranía disfrazada de democracia que convierte a los políticos en nuestros amos y a los ciudadanos en sus vasallos, sometidos a la miseria de su servicio. Se han tornado las cosas, las han tergiversado interesadamente, los políticos que decían acudir a la política por su vocación de servicio público se han convertido en nuestros amos más miserables. Exijamos justicia, mientras aún sea posible.

Biante de Priena