La falacia del igualitarismo

Quizás el igualitarismo haya sido la doctrina moral más provechosa para las políticas de izquierdas, tanto como el amor fraterno para el cristianismo, o tal vez, la grandeza de Alá para los musulmanes. Ciertamente las creencias siguen tejiendo la urdimbre que permite la dominación de los seres humanos y su segregación en dos clases: los poderosos y los desposeídos.

El igualitarismo es una estrategia política urdida con la intención de recabar apoyos en la democracia de masas entre los sectores menos cultos y más oprimidos. La demostración de que la búsqueda de la igualdad es una utopía irrealizable, es que nunca ha existido en este mundo, a pesar de que en su nombre se haya oprimido, despojado y aplastado a millones de ciudadanos desde el comunismo o el fascismo, pero en tono menor, como una lluvia fina que todo lo inunda, desde la socialdemocracia y las doctrinas conservadoras.

Hace unos meses escribí un artículo titulado: “igualitarismo no es igualdad”, hoy quiero avanzar aún más sobre lo escrito, a partir de las adquisiciones ideológica recogidas durante los últimos meses, fundamentalmente provenientes de pensadores liberales, pero también de socialistas utópicos y radicales.

Los liberales solo aceptamos una igualdad, la de todos ante la ley, mientras que los socialistas pretenden utilizar la ley para producir una supuesta igualdad y los conservadores para mantener una sutil desigualdad. Todo tiene que ver con las propiedades, no de los medios de producción como sugería Marx, sino de los recursos. Los conservadores heredan el trabajo acumulado de las generaciones anteriores y pretenden perpetuarlo con el trabajo ajeno, los socialdemócratas adquieren sus privilegios y propiedades del trabajo, y tienen la pretensión de mantener su adscripción reciente por medio del trabajo ajeno, de aquellos que les apoyan y esperan beneficios inmediatos.

La socialdemocracia produce desigualdad, como las doctrinas conservadoras tienden a mantenerla, porque ambas utilizan la coacción y el apoderamiento del Estado para desarrollar una supuesta justicia social, en beneficio, según indica su propaganda, de las clases más desposeídas para los socialdemócratas y de las menos privilegiadas por los conservadores.

Sin embargo lo único que pretenden ambas doctrinas es mantener el establishment y el status quo de los poderosos. Realmente los detentadotes del poder no cambian, siguen siendo los mismos, al igual que los desposeídos. En los últimos seis años ha crecido la pobreza en España con gobiernos socialistas, pero también la riqueza de los que más tienen, a los que se han añadido algunos socialistas como José Bono, entre otros muchos, mientras que la inmensa mayoría de los españoles hemos comprobado como nuestra calidad de vida se ha deteriorado y el Estado de Bienestar está comenzando a deteriorarse paulatinamente.

Los españoles somos iguales ante la ley, el artículo 14 de nuestra Constitución así lo indica, sin embargo hoy la desigualdad entre los españoles es mucho mayor, gracias a que el PSOE ha necesitado de los apoyos nacionalistas para seguir gobernando y el PP no ha sabido o no ha querido hacer una oposición rigurosa.

Así el igualitarismo permite que los funcionarios del Estado cobren cantidades que varían en un 50 % su sueldo si están en una comunidad autonómica o en otra, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo y se ha producido un desequilibrio insoportable entre los jóvenes que disfrutan de un 50 % de paro y los adultos que tienen que trabajar un 50 % más para ganar lo mismo. Hay instituciones en España que se han creado con el objetivo de imponer la desigualdad jurídica desde el Estado, como el instituto de la mujer o el fenecido ministerio de igualdad. Hay políticos sin formación que cobran de sueldo lo que en la administración pública se corresponde con funcionarios de carrera con seis trienios, que tuvieron que obtener su trabajo por oposición tras haber dedicado muchos años a la adquisición de conocimientos que les permitiera su acceso a la función pública. Hasta los más pobres son diferentes, ser pobre en una autonomía pequeña permite acceder a más ayudas que en una autonomía grande, y para colmo de los colmos, un factor de igualación como el idioma español ha sido excluido constitucionalmente de algunas comunidades autónomas con marchamo totalitario.

Pero quizás la mayor desigualdad es la que crea el Estado concediendo 426 euros como impuestos sociales negativos, a muchos que son improductivos (y piensan seguir siéndolo), mientras que hay ciudadanos en este país que para obtener poco más de sueldo tienen que dedicar muchas horas de trabajo y pagar impuestos para que sus colegas subsidiados puedan seguir disfrutando de la miseria organizada por el Estado, gracias a un Gobierno absolutamente incapacitado por los hechos.

Hay muchas otras desigualdades que se han producido en España durante los últimos seis años, para que vivamos en una sociedad menos equitativa y justa que antes de gobernar el PSOE, donde la injusticia y la inequidad se establece por ley. Pero el mayor problema que tenemos que afrontar los españoles es la descomunal deuda que hemos adquirido, que supera el 400 % entre la pública y la privada, el déficit galopante que traspasa el 12 % enjugado con subidas de impuestos y recortes sociales, condiciones que nos alejan del bienestar y abren un futuro muy negro para los españoles, de esta generación y las siguientes. Al final con el cuento del igualitarismo lo que hemos conseguido es convertirnos en un país atormentado por las deudas y la amenaza inmanente de ruina, donde el consumo no deja de reducirse, y la producción está absolutamente estancada, en una situación técnica de estanflación, disimulada y encubierta con las inversiones públicas más descerebradas.

Este panorama desolador tiene responsables, que son todos aquellos que han abogado desde la política por mantenerla y no enmendarla, y también por aquellos que debían haber frenado tanta estupidez y no han sabido hacerlo, habiendo fracasado ambos en su función pública de servicio a los ciudadanos. No sé ustedes, pero por mi parte creo que la afrenta violenta que nos han hecho los políticos no puede resolverse con un cambio de gobierno para que los que vengan sigan sin resolver las cosas, acusando a los que se vayan del estropicio, mientras siguen disfrutando de los mismos privilegios que sus predecesores.

Necesitamos hacer un cambio fundamental en España, los ciudadanos no podemos admitir bajo ningún concepto que los autores del descalabro (unos por sus excesos y otros por sus defectos) queden exentos de responsabilidad sencillamente con la celebración de elecciones y el cambio de collar. Es hora de exigir responsabilidades, no exclusivamente políticas, sino jurídicas, civiles y penales a los políticos españoles. Quien ha decidido desde la política algo que vulnere la Constitución Española debe responder por ello ante los tribunales, porque ha traicionado su mandato y ha vulnerado su promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque a la larga la Constitución se ha convertido en un instrumento para someter a los ciudadanos y no para controlar a los políticos en sus excesos y defectos.

La mayor desigualdad que hay en España es entre ciudadanos y políticos, es hora de que exijamos a los políticos responsabilidades por haber incumplido el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, que dice textualmente:

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Hasta que no logremos que los políticos sean iguales que los demás ciudadanos, viviremos en una tiranía, aunque sea por la defensa del igualitarismo o la justicia universal. Está claro que si hay igualdad ante la ley, no es necesario el igualitarismo, y si no la hay es que la Constitución Española no se está cumpliendo, que es un problema que requiere soluciones legales, y no políticas o morales.

Biante de Priena