El hombre maltratado

El daño que los Gobiernos de Zapatero han hecho a este país es irreparable. Durante su mandato la sociedad española se ha visto zarandeada políticamente, con la intención de transformar nuestra cultura desde sus obsesiones particulares. El Presidente del Gobierno español, alguien que procura no dejarse atrapar por las definiciones, incluso con la cuestión de la nación, diciendo en su día que España es un concepto discutido y discutible, sí lo ha hecho con el tema del feminismo –declarándose profundamente feminista- , una posición ideológica sectaria donde las haya, que no busca la igualdad genérica entre los ciudadanos, hombres y mujeres (homosexuales también, por supuesto) sino la predominancia legislativa de las mujeres sobre los hombres, porque se les atribuye de antemano el rol de presuntas víctimas, mientras que a los hombres se les atribuye el de presuntos culpables.

Con este argumento absolutamente irracional, se ha construido un artefacto jurídico en la legislación española que contraviene los principios constitucionales, aunque los tribunales apelados hayan transigido con la arbitrariedad, en un clima cultural opresivo en el que defender la igualdad de los españoles sin distinción de sexos, como se expresa con claridad en el artículo 14 de nuestra Constitución de 1978: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”, parece un crimen


Algún legislador, con no demasiadas luces pero con el poder suficiente, ha decidido inventarse el concepto de “discriminación positiva” un artefacto ideológico que considera que determinados sectores de la población han estado infravaloradas en sus derechos, por lo que para realizar justicia se deben ahora sobrevalorar, como si esta acción no incrementara la desigualdad más que resolverla, porque no permite homogeneizar a la sociedad de una forma armónica, sino estableciendo numerosos actos de injusticia de forma legal.

La Ley de Violencia de Género debería ser derogada en un país occidental miembro de la Unión Europea, es posiblemente la barbaridad legislativa más importante de las últimas cuatro décadas. Una ley sectaria no puede resolver el problema de la desigualdad, es una extraordinaria arbitrariedad fundamentada en el prejuicio lo que se ha hecho, de la misma forma que si se concedieran más derechos a las personas por cuestión de raza (a los negros sobre los blancos o viceversa), o religión (a los ateos sobre los creyentes o viceversa), la edad (los jóvenes sobre los viejos o viceversa), o el nacimiento (los catalanes sobre los demás españoles, o viceversa).

El lobby feminista presente en nuestro país en todas las instituciones, desde el Gobierno a los ayuntamientos, es el principal responsable de los excesos legales que se han cometido contra los hombres, exclusivamente por ser hombres, porque ante un mismo delito, en la convivencia de pareja, el ser hombre o mujer determina de antemano la evolución jurídica del caso. Esta legislación exclusivamente política ha producido numerosas situaciones paradójicas, como por ejemplo la de no saber que hacer ante el caso de una pareja de homosexuales con un conflicto legal, o el caso en que una mujer sea la que agreda a un hombre, que a pesar de la invisibilidad procurada desde las instituciones, también se producen.

El problema original de esta desagradable situación, es que el sectarismo socialista considera que los derechos sociales prevalecen sobre los derechos individuales, así que si hay tres personas reunidas y dos salen beneficiadas no importa perjudicar a la tercera (el caso habitual de la madre con los hijos), cuando los derechos fundamentales nunca pueden ser sociales, sino individuales, porque por esa razón las mayorías, es decir la usurpación ilegítima de la democracia (que siempre debe proteger a las minorías y los derechos individuales) y no la justicia, intrínsecamente autosuficiente, determinarían los criterios ecuánimes de la ley, su establecimiento y desarrollo, por la misma razón, un residente en una ciudad debería tener más derechos que un residente en un pueblo remoto, porque hay más habitantes en una ciudad que en un pueblo remoto.

Lo único que ha creado la Ley de Violencia de Género es una situación jurídica de indefensión para los hombres, que no ha logrado controlar, ni reducir, los casos de malos tratos, al contrario, ha servido para que muchas mujeres, con denuncias falsas, se hayan apropiado de los bienes y los hijos, de forma inicua, llevando a una situación de desesperación a los hombres, que en último extremo han reaccionado de forma violenta ante la opresión a que habían sido sometidos.

En las cárceles españolas hay más de 3500 casos de hombres presos por temas relacionados con la Ley de Violencia de Género. No se conoce el caso de ninguna mujer encarcelada por una denuncia falsa, y sin embargo han sido miles las que se han detectado, pero se han ocultado para seguir con la falacia de que los hombres son violentos mientras que las mujeres son pacíficas. Cuando en el caso de violencia sobre los hijos, las mujeres sobrepasan varias veces a los hombres, lo mismo ocurre en el caso de los padres maltratados que viven con sus hijos adultos, triplicando los casos de hijas maltratadoras al de los hijos maltratadores.

En los últimos años se han dedicado con cada presupuesto más de 600 millones de euros, que se han distribuido prácticamente entre mujeres que trabajan en las instituciones defendiendo la causa feminista. Hay un ministerio de igualdad que no ha emitido ni un solo informe sobre la situación que atraviesan los hombres maltratados socialmente, acusados injustamente, o despojados de sus bienes e hijos de forma legítima con el apoyo institucional. Esta política nefasta nos ha conducido a una situación delirante, denunciada por juristas independientes, muchas de ellos mujeres.

El principal problema de partida es que nuestro país es el único del mundo occidental en el que un mismo delito, puede recibir diferente condena, dependiendo de si el condenado es hombre o mujer, y a esta barbaridad la denominan justicia, cuando en realidad es puro talibanismo inverso. La Santa Inquisición femenina es lo que se ha organizado alrededor de la Ley de Violencia de Género, sin embargo, los hombres siguen cobrando más que las mujeres por idéntico trabajo, pero al profundo feminista esto no le importa demasiado, ni tampoco la conciliación de la vida laboral de las mujeres con su vida familiar.

Hay un negocio montado alrededor de la violencia de género difícil de desmontar, porque muchas profesionales –psicólogas, asistentes sociales, abogadas, administrativas, periodistas y juezas – viven claramente de la violencia de género, y se encargarán cada día de seguir introduciendo un sesgo social favorable a las mujeres y contrario a los hombres, que generará situaciones de violencia reactiva por parte de los hombres, que lo han perdido todo, tal vez tras una denuncia falsa, que reaccionarán de forma individual e incontrolable. Pero de no ocurrir así, todas estas androcidas sociales dejarían de vivir cómodamente y tendrían que engrosar las filas del paro. Les interesa por tanto ocultar la auténtica realidad, porque su supervivencia depende de ello.

De todas las muertes violentas que se producen en nuestro país, contando homicidios y suicidios, los homicidios de mujeres relacionados directamente con la violencia de género, son menos del 2,5 % de los casos, sin embargo se llevan el 99,5 % del dinero que se dedica a estudiar y atender las muertes violentas en nuestro país.

Es una auténtica vergüenza pública lo que está ocurriendo en España en la cuestión de la violencia de género, no solo por las prácticas discriminatorias que ha introducido en la legislación española el Gobierno, sino por la ausencia de reacción de la sociedad civil, de los juristas y de los políticos de todos los partidos, más ocupados de sus asuntos electorales, que de utilizar la representación alcanzada en las urnas para defender por encima de todo la igualdad entre los españoles.

Con el paso del tiempo rendirán cuentas ante la historia de los crímenes políticos que se han cometido sobre los ciudadanos españoles, no quedarán impunes, porque la justicia siempre acaba llegando a los crimanales, pero tras esta penosa historia vivida en nuestro país, como en ningún otro de la Unión Europea, quedarán muchos cadáveres y muchos presos que se podrían haber evitado, si no tuviéramos un profundo feminista como Presidente del Gobierno de España, o si al menos algún político español se hubiera enfrentado con su delirante locura de poder.

Llegará Nüremberg, siempre acaba llegando para los nazis fundamentalistas, como Zapatero y su corte faraónica de talibanes y talibanas, que deberán rendir cuentas legales ante los españoles -no sólo electorales- por sus crímenes políticos.


Biante de Priena