Les leeré un manifiesto publicado hace semanas en algunos medios:
“Diversos políticos y partidos propugnan una determinada visión de nuestro pasado mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Esta ley, por sí misma, constituye un ataque a las libertades públicas y a la cultura.
De modo implícito, pero inequívoco, la ley atribuye carácter democrático al Frente Popular. Hoy está plenamente documentado lo contrario. Dicho Frente se compuso, de hecho o de derecho, de agrupaciones marxistas radicales, stalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad.
También está acreditado suficientemente que, ya antes de constituirse en Frente, los citados partidos organizaron o colaboraron en el asalto a la república en octubre de 1934, con propósito textual de guerra civil, fracasando tras causar 1.400 muertos en 26 provincias; y que, tras las anómalas elecciones de febrero de 1936, demolieron la legalidad, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y a la vida, proceso revolucionario culminado en el intento de asesinar a líderes de la oposición, cumplido en uno de ellos. Esa destrucción de los elementos democráticos de la legalidad republicana hundió las bases de la convivencia nacional y causó la guerra y las conocidas atrocidades en los dos bandos y entre las propias izquierdas.
La Ley de Memoria Histórica alcanza extremos de perversión ética y legal al igualar como “víctimas de la dictadura” a inocentes, cuyo paradigma podría ser Besteiro, y a asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo sería García Atadell. Así, la ley denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia. También erige en campeones de la libertad a las Brigadas Internacionales orientadas por Stalin, a los comunistas que en los años 40 intentaron reavivar la guerra civil o a los etarras que emprendieron en 1968 su carrera de asesinatos. ¿Cabe concebir mayor agravio a la moral, la memoria y la dignidad de nuestra democracia?
La falsificación del pasado corrompe y envenena el presente. Nos hallamos ante una adulteración de nuestra historia agravada por la pretensión de imponerla por ley, un abuso de poder acaso compatible con aquel Frente Popular, pero no con una democracia moderna. La sociedad no puede aceptarlo sin envilecerse: los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetir lo peor de ella. Que el silencio no nos condene”.
El manifiesto está firmado por César Alonso de los Ríos (ensayista), Federico Jiménez Losantos (ensayista y periodista), José María Marco (historiador), Adolfo Prego (magistrado del Tribunal Supremo), Milagrosa Romero Samper (historiadora), Pedro Schwartz (catedrático Universidad), José Luis Orella (historiador), Ricardo de la Cierva (historiador), Jesús Palacios (historiador), Juan Carlos Girauta (ensayista), Sebastián Urbina (profesor de Filosofía del Derecho), César Vidal (historiador), Eugenio Togores (historiador), José Vilas Nogueira (catedrático Universidad ), y 7.640 firmas más, entre ellas la mía, que fui el redactor del documento.
Paso a ampliar el contenido del manifiesto. La versión izquierdista-separatista sobre la república y la guerra puede resumirse así: la república llegó democráticamente en abril de 1931 y desde el principio se vio acosada por conjuras de la derecha reaccionaria, que temía perder sus injustos privilegios. Sanjurjo encabezó el primer golpe contra el nuevo régimen, pero fue vencido. Luego surge un hecho inexplicable para esta versión, y es que, tras dos años de experiencias liberadoras y presuntamente favorables al pueblo, este vota muy mayoritariamente al centro derecha, en 1933. Pero en cualquier caso, el nuevo gobierno implanta una opresión y explotación tales que empujan a los catalanes y a los mineros asturianos a una rebelión, aplastada de forma brutal por el poder reaccionario. No obstante, en febrero del 36 ganan las elecciones las izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, y a partir de ahí la conspiración militar y fascista se refuerza hasta desatar la guerra civil. El bando reaccionario, mandado por Franco, gana la guerra gracias al apoyo de las potencias fascistas, Alemania e Italia, e implanta una feroz dictadura durante casi cuarenta años. Luego, la transición democrática respetó en exceso al franquismo, etapa vergonzosa que debemos condenar sin paliativos y saltar sobre ella para enlazar nuestra democracia con el Frente Popular.
El punto de vista franquista puede resumirse, a su vez, de este modo: llegó la república mediante un golpe de estado y desde el principio se despeñó en una serie de convulsiones, de ataques a la religión y a la unidad de España. Esa deriva pudo haberse corregido durante el segundo bienio, de derecha, pero la violencia izquierdista y separatista, en lugar de ceder, se incrementó hasta asaltar sangrientamente el poder en octubre del 34. Aunque el ataque fracasó, en febrero de 1936 volvieron al poder en unas elecciones signadas por una radicalización extrema, y enseguida abrieron un proceso de comunistización en el que, como admitía el antifranquista Madariaga, ni la propiedad ni la vida estaban seguras. Por ello se alzó un sector del ejército con vasto apoyo popular, fracasando a medias y dando origen a la guerra civil. Ganaron las fuerzas patrióticas y de orden, y crearon un régimen de democracia orgánica mucho más acorde con la idiosincrasia española, como prueba su duración y la escasa oposición que tuvo. Por desgracia, la transición posterior a la muerte de Franco se realizó traicionando el legado del franquismo y, aunque el peligro comunista ha pasado a la historia, nos hallamos ante una gravísima amenaza separatista que nos empuja a una nueva crisis de convivencia nacional.
Las dos versiones tienen algo de verdad, pero parten, a mi juicio, de visiones en gran medida adulteradas de la historia reciente. La más peligrosa es la versión izquierdista, porque intenta imponerse desde el poder y fundamenta otras medidas antidemocráticas en curso, mientras que no parece haber riesgo de una vuelta al régimen anterior.
Analicemos, pues, la versión izquierdista y separatista. La base de su historiografía, de una multitud de iniciativas políticas actuales, de la llamada ley de memoria histórica y de movimientos emocionales diversos, consiste en la identificación del Frente Popular con la república, y la afirmación de que dicho Frente formó un gobierno legítimo y democrático. Dense cuenta de que esta cuestión constituye la clave del juicio sobre nuestra época: si la tesis mencionada corresponde a la realidad, entonces el franquismo ha de ser rechazado inapelablemente, y lo mismo la monarquía y la democracia que han derivado de ese régimen. De hecho, esta concepción se encuentra en la base de las maniobras actuales contra la Constitución. Sin embargo las cosas no son tan sencillas, como veremos.
La república llegó mediante un golpe de estado, es cierto, pero sus autores fueron los monárquicos, no los republicanos. Tras ganar unas elecciones municipales y despreciar a sus propios votantes y programa, los monárquicos entregaron el poder a sus contrarios. Golpe de estado contra sí mismos explicable solo por una quiebra moral muy profunda y casi sin precedentes. La república nació así con legitimidad suficiente y como un proyecto de democracia liberal. Pero ese proyecto sufrió un primero y salvaje desbordamiento en las jornadas de quemas de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, apenas inaugurado el nuevo régimen. Lo más grave no fueron los hechos mismos, con ser gravísimos, sino la pretensión, por parte de la izquierda, de que las bandas de delincuentes incendiarios representaban al pueblo, más aún eran el mismo pueblo, con el cual se identificaban, claro está, las izquierdas y parte del mismo gobierno. Ello abrió una profunda brecha en la sociedad española y generó las primeras conspiraciones derechistas, que no surgieron al instaurarse el nuevo régimen, como se dice, sino a partir de actos como los mencionados. La brecha social se amplió con una Constitución no laica, sino anticatólica, contraria al sentimiento religioso mayoritario y a derechos elementales, reduciendo a los religiosos a ciudadanos de segunda y a la indigencia. Aun así, las conspiraciones derechistas contra la república no pasaron de marginales, como probó el golpe de Sanjurjo, falto de respaldo de la gran mayoría de la derecha y saldado con 10 muertos, casi todos rebeldes.
En solo dos años la experiencia de izquierdas, republicano-socialista, dirigida por Azaña quedó desprestigiada. Y no por la acción de las derechas, sino por el fallo de sus reformas, como la agraria, cuya ineptitud lamentaba Azaña; o la del ejército, reforma razonable pero aplicada con tal torpeza que multiplicó las tensiones, como admitió también el propio Azaña; o el estatuto catalán, que para el gobierno era la solución al problema y para los nacionalistas solo el primer paso de una escalada reivindicativa; asimismo el plan de extender la enseñanza quedó neutralizado por la persecución contra la educación religiosa. Finalmente, Azaña no recibió el golpe decisivo de las derechas, sino de las insurrecciones anarquistas, quince veces más mortíferas que el golpe de Sanjurjo, en particular de la represión gubernamental de Casas Viejas.
Las violencias y desbarajustes de la etapa republicano-socialista motivaron la amplia victoria electoral del centro derecha en noviembre de 1933. Y entonces se produjo la quiebra -- aunque todavía oculta-- de la república, al rechazar las izquierdas la votación popular. Azaña y sus correligionarios intentaron golpes de estado para impedir gobernar a los ganadores de las elecciones; los líderes del PSOE, el partido más masivo, apartaron al moderado Besteiro y se volcaron en la preparación de una insurrección, concebida como guerra civil, para liquidar la república e imponer un régimen de tipo soviético; los nacionalistas catalanes y vascos emprendieron movimientos de rebeldía. Estas acciones llevaron a la insurrección de octubre del 34, que en Asturias, durante dos semanas, cuajó en guerra civil como había planificado el PSOE; pero en el resto del país la población no siguió a los revolucionarios ni a los nacionalistas catalanes. Ante la derrota, los jefes rebeldes pretendieron que el levantamiento había sido espontáneo, pero hoy sabemos con certeza que mentían. Y tampoco rectificaron sus actitudes. Lejos de ello, lanzaron una enorme campaña nacional e internacional contra la represión gubernamental en Asturias. Esa campaña utilizó la mentira de forma masiva y envenenó el ambiente popular, como había advertido Besteiro.
Podemos considerar aquella insurrección el comienzo de la guerra civil justamente por eso, porque sus promotores no cambiaron nada esencial de las ideas que les habían llevado a sublevarse, y siguieron fomentando el clima de odio necesario para un enfrentamiento definitivo. Si entonces subsistió la república se debió solo a que las derechas, Franco incluido, no replicaron con un contragolpe y defendieron la legalidad.
De todas formas la derrota izquierdista pudo haber estabilizado una democracia liberal, según el sentido inicial del régimen, pero los derrotados formaron pronto el llamado luego Frente Popular, irreconciliable con las derechas. En cuanto a estas, tras su victoria sufrieron divisiones y los manejos del presidente conservador Alcalá-Zamora, el cual terminó expulsando a la derecha del poder de modo a duras penas legal. La crisis abocó a las elecciones de febrero del 36, que no pueden llamarse democráticas, tanto por las violencias, la huida de las autoridades y las irregularidades en los recuentos, también mencionadas por Azaña, como porque las votaciones reales nunca se publicaron. Durante años, los cálculos de los historiadores variaban en más de un millón de votos, hasta que las investigaciones de Javier Tusell, ya en 1971, proporcionaron cifras más fiables, con un empate aproximado entre derechas e izquierdas.
Así, el triunfo del Frente Popular no procedió de unas elecciones normales y no puede considerarse legítimo. Y su ilegitimidad de origen empeoró al momento con un doble proceso revolucionario. Desde la calle, las masas y partidos izquierdistas imponían su ley en una serie de liberaciones de presos, asesinatos, incendios, ocupaciones de tierras y mil desmanes más, no perseguidos por el gobierno, que en cambio se cebaba contra las débiles réplicas de los grupúsculos falangistas. Y desde el poder, el gobierno mismo procedió a demoler la legalidad republicana para sustituirla por un sistema al estilo del PRI mejicano, reduciendo a la derecha a una oposición impotente, pero que mantuviese una fachada de pluralismo democrático bajo el dominio real e irreversible de las izquierdas. A ese fin despojó arbitrariamente de escaños a las derechas, destituyó ilegalmente a Alcalá-Zamora y suprimió los restos de independencia judicial, sometiendo a los jueces al control de sindicatos y partidos revolucionarios; entre otros atentados a la legalidad. Las reiteradas peticiones de los líderes derechistas en las Cortes para que se cumpliera e hiciera cumplir la ley, una obligación sin la cual todo gobierno se vuelve una tiranía, fueron contestadas con burlas y amenazas de muerte. El asesinato del jefe de la oposición Calvo Sotelo, realizado por fuerzas combinadas de seguridad del estado y milicianos socialistas, culminó el proceso y constituyó un diagnóstico preciso de la situación. De hecho, el proyecto de democracia liberal había dejado de existir tras las elecciones de febrero.
Podemos observar, en resumen, tres fases en la demolición de la república: una primera fase de desbordamiento del régimen durante el bienio republicano-socialista; una segunda fase de asalto armado de las izquierdas al poder durante el bienio de centro derecha; y una tercera de proceso revolucionario abierto y eliminación de la legalidad desde un gobierno salido de unas elecciones no democráticas. El Frente Popular, por tanto, no era ya la república, aunque por motivos propagandísticos usurpara su nombre durante la guerra civil y así se le siga identificando comunmente. Era, de manera precisa, lo contrario de la república, el embrión de un nuevo régimen. Solo una persistente propaganda, el “Himalaya de embustes” denunciado por Besteiro, impide aún a mucha gente percibir estos hechos, hoy perfectamente documentados.
Pero reitero que ni siquiera hace falta saber mucha historia para percatarse de la realidad, basta recurrir a un elemental sentido de la lógica. Figúrense, insisto, a los stalinistas, marxistas del PSOE, racistas del PNV, anarquistas, golpistas de Companys y de Azaña… ¡defendiendo la democracia todos juntos (y matándose de paso entre ellos)! La falsedad es tan chocante, tan estridente como si se pretendiera hacer de Hitler un protector de los judíos. Y sin embargo este formidable engaño se ha impuesto en gran parte de nuestra sociedad, generando a su vez falsedades en cadena, desenfocando de raíz la visión de nuestro pasado y orientando peligrosamente el porvenir.
Muchos creen esas fábulas por ignorancia pero, en mi opinión, sus promotores conocen bastante bien la realidad. No puede ser de otro modo, por cuanto algunos historiadores nos hemos aplicado en los últimos años a poner en claro los datos, su lógica y los documentos que demuestran inapelablemente el fraude histórico. Puesto que nuestras tesis contradicen de frente las más divulgadas hasta hace poco, debiera haberse suscitado un debate intelectual, pero, por cuanto a mí respecta, he topado con una cerrazón tal que ha llevado a Stanley Payne a preguntarse si realmente la democracia ha calado en la universidad española. Este cerrilismo ha cundido mucho más allá de la universidad por medio de ataques personales, hasta la incitación al asesinato o el intento de meterme en la cárcel para “reeducarme”, a raíz de la publicación de Años de hierro. Otra postura defendía el conocido locutor Iñaqui Gabilondo en entrevista a un historiador stalinista llamado Espinosa, el cual, consecuente con su ideología, pedía la censura oficial de mis libros; el locutor, en apariencia más moderado, prefería que la sociedad misma los rechazara, sin prohibiciones expresas. Desde luego, la forma mejor y más honrada de obtener ese rechazo sería precisamente un debate en profundidad, que dejara al desnudo mis supuestas falacias, pero no buscaba nada parecido nuestro buen Gabilondo: su método para alcanzar el deseado rechazo social consistía en combinar el ataque personal con el silenciamiento de mis tesis. El diario El País fue el primero en aplicar la censura y negarme el derecho de réplica, ejemplo seguido por la mayoría de los medios de masas. Podría extenderme, pero lo dicho permite entender cómo la promoción de la falsedad histórica no obedece a ignorancia ni hay en ella la menor inocencia.
Entre las causas de esas posturas cabe percibir una comprensible debilidad humana: muchos intelectuales, políticos, periodistas e historiadores han seguido durante años, sin mayor crítica, una corriente que parecía defender la libertad y facilitaba éxitos profesionales. Dar marcha atrás se vuelve difícil, por más que lo exija la honestidad intelectual. Con todo, es perceptible un cambio de la marea, que seguramente irá en ascenso en los años próximos, pues no se puede tapar el sol con una mano.
Más allá de implicaciones personales, la agresiva persistencia en errores patentes se explica por la crisis ideológica de la izquierda, la cual ha debido abandonar el marxismo, ha asistido a la caída del muro de Berlín, ha puesto de relieve la sustancia de los famosos cien años de honradez, ha practicado el terrorismo desde el poder, etc. Estos graves tropiezos la han obligado a buscar otra fuente de legitimidad y la han encontrado en la historia: al identificarse con un Frente Popular pretendidamente democrático, las izquierdas buscan ganar una legitimidad inmensamente superior a la de las derechas, las cuales descenderían del franquismo, supuesto asesino de aquella libertad. Se comprende bien la importancia de defender el mito.
Y se comprende asimismo que en esa defensa empleen métodos como los del Frente Popular e intenten imponer por ley una versión de la historia, como en los países totalitarios. Esa ley se presenta con el objetivo, en apariencia muy humano, de reivindicar la dignidad de las víctimas del franquismo, pero queda en evidencia al insultar a las víctimas inocentes y prestigiar a los criminales de las chekas o a los terroristas de la ETA. Ello no es una casualidad, sino consecuencia lógica de la gran mentira de base. Se ignora, además, que si bien la represión franquista de posguerra fue brutal, no lo fue más que las de tantas otras posguerras en Europa y el resto del mundo, con la diferencia de que en España casi toda se realizó por medios legales y no por simples asesinatos sin juicio, y que muchos de los ajusticiados habían cometido crímenes sádicos durante la guerra, para verse luego abandonados por sus jefes, que huyeron al exterior sin preocuparse en lo más mínimo de ellos. En esta ley tampoco hallamos ignorancia o inocencia, sino una mezcla de hipocresía y de exhibición triunfante de querencias tiránicas, asentadas en el abuso del poder.
Por lo tanto, y contra una masa de historiografía surgida en los últimos cuarenta años, la sublevación derechista de julio del 36 no combatió a un gobierno legítimo y democrático, sino a un proceso revolucionario. No destruyó ninguna democracia, sino que surgió a causa de la previa destrucción de la democracia por las izquierdas. Esta conclusión terminará imponiéndose sin duda, a pesar de todas las resistencias intelectuales y políticas, porque corresponde claramente a los hechos, y determina una visión radicalmente distinta de nuestra historia posterior.
Si el Frente Popular, lejos de continuar la república, asaltó en 1934 su legalidad, base de la convivencia social entonces, y la hundió en 1936, causando así la guerra civil, ¿cuál podía ser el resultado? La mayoría de la derecha había desconfiado de la república, pero la había aceptado y hasta la había defendido en octubre de 34. Solo tras las elecciones de febrero del 36 llegó a creer que la democracia liberal nunca funcionaría en España. Y, desde luego, ningún régimen de libertades puede funcionar si uno o varios de los principales partidos rechazan sus reglas del juego, como ocurrió entonces. Por consiguiente, el radical enfrentamiento de unos y otros solo podía dar paso a una dictadura. La lucha se planteó entre una opción totalitaria de izquierdas y una autoritaria de derechas. Ganó la autoritaria, que se mantuvo por 36 años, y quienes menos derecho tienen a quejarse de ella son aquellos que la hicieron inevitable y habrían traído una tiranía mucho peor, si hubieran triunfado.
Importa mucho la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. El pensador polaco Leszek Kolakowski, antiguo stalinista, la exponía con bastante claridad cuando, para ilustrar a unos recalcitrantes laboristas ingleses, les hacía notar que él, tras conocer la España de Franco, había constatado en ella mucha más libertad que en los regímenes marxistas. Además, señalaba, “Los españoles tienen las fronteras abiertas (…) y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas”. Observaciones parejas haría Solzhenitsin, despertando la ira extrema del mundillo autodenominado progresista. Julián Marías, en sus memorias, observa la misma diferencia: el franquismo no impedía mil actividades independientes de él, e incluso contrarias a él dentro de ciertos límites. Un profesor polaco me indicaba hace tiempo cómo en Polonia el disidente se veía expuesto, además de a la represión, a una total indigencia, pues quedaba excluido de cualquier empleo, al estar toda la economía en manos del estado, es decir, del partido. Nunca ocurrió algo así bajo el franquismo, el cual tampoco desarrolló, ni de lejos, los aparatos de control y vigilancia de la población propios de los totalitarismos. En realidad había mucha menos policía y varias veces menos presos incluso que en la democracia actual. Y tanto Besteiro como los llamados padres espirituales de la república, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala y otros liberales, al paso que maldecían en los más indignados términos a las izquierdas por haber traído la catástrofe, aceptaron el franquismo como un mal menor, justificado por el servicio históricamente trascendental de haber librado al país de la revolución.
Les ruego reparen en este punto: si el franquismo derrotó a un proceso revolucionario, como efectivamente ocurrió, y no a la democracia, toda nuestra perspectiva sobre la historia y el presente derivado de ella debe cambiar. Por lo demás, no fue el único servicio. Franco también frustró el plan izquierdista de enlazar la guerra española con la europea y luego mantuvo a España fuera de la beligerancia, un hecho de consecuencias incalculablemente beneficiosas tanto para España, al librarla de invasiones y destrucciones que habrían dejado empequeñecidas las de la guerra civil, como para los Aliados, según supo apreciar Churchill. También derrotó el franquismo los intentos de volver a una nueva contienda entre españoles al terminar la mundial. Como he intentado exponer en el libro Años de hierro, se trató de servicios de valor inestimable para un país sometido durante tantas décadas a convulsiones causadas por sus políticos, tan a menudo demagogos y utopistas. Finalmente el país prosperó como nunca antes y los viejos odios de la república se diluyeron casi por completo.
Es muy necesario mencionar estos datos porque sin ellos no se explica la evolución posterior de España. Guste o no, el franquismo careció de oposición democrática significativa. Al llegar la transición los pocos centenares de presos políticos en las cárceles eran casi todos comunistas o terroristas, o las dos cosas. Por lo tanto, una evolución política hacia las libertades solo podía venir (o no venir) del propio régimen. Dentro de este cabe distinguir dos tendencias básicas: una entendía el franquismo, llamado democracia orgánica, como la superación tanto del comunismo como de la democracia liberal, y destinado por ello a perpetuarse; otra lo entendía como una respuesta excepcional a una crisis histórica excepcional, una dictadura en el sentido romano, que antes o después debía dejar paso a una situación más acorde con el entorno del oeste europeo. En realidad, pese a no existir alternativa democrática viable mientras vivió Franco, los propios éxitos de la dictadura la encauzaban a una liberalización creciente. Y así, una vez agotado el régimen, y desde él, pudo hacerse la transición. De él salieron Juan Carlos, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, los procuradores en Cortes que votaron la reforma democrática, etc. Fue la derecha procedente del franquismo, no la oposición rupturista, quien organizó la evolución política. Lo cual significa que, contra un tópico extendido, pero vacuo, fue posible pasar con normalidad desde una dictadura autoritaria a un sistema de libertades. En cuanto al antifranquismo, agrupaba a comunistas, socialistas, separatistas, partidarios y practicantes del terrorismo, algunos democristianos, pacifistas, carlistas, etc., enjambre variopinto pero coincidente en un plan llamado de “ruptura democrática”, para pasar por encima de cuarenta años de historia y retomar el legado del Frente Popular. Los rupturistas perdieron entonces, por amplia votación popular, frente a la reforma “de la ley a la ley”, pero vuelven hoy a la carga , treinta años después.
Otro efecto de esta distorsión de la historia ha sido el surgimiento de miles y miles de antifranquistas retrospectivos. Durante la dictadura los antifranquistas algo activos éramos muy pocos, además de totalitarios; ahora se han multiplicado y tratan de vencer a Franco, cuando no es posible ni hace falta. Pero si no pueden derrotarle, pueden en cambio destruir nuestro actual sistema de libertades. Si observamos los peligros sufridos por la democracia, veremos que provienen casi siempre de esos antifranquistas. De ellos ha surgido la corrupción rampante, el terrorismo y las connivencias y “diálogos” con él, el terrorismo desde el poder, el separatismo, las intrigas para enterrar a Montesquieu, es decir, para acabar con la separación de poderes, los ataques crecientes a la libertad de expresión, empezando por la libertad de las víctimas más directas del terror, los asaltos a sedes de partidos contrarios, manifestaciones tumultuosas y otros fenómenos parecidos, sin olvidar ciertas complicidades en el 23-F. Josu Ternera, Ibarreche, Carod Rovira, Rodríguez Zapatero, Juan Luis Cebrián, Carrillo, Alfonso Guerra, Roldán, Mas, De Juana Chaos, Rubalcaba y un largo etcétera, comparten ese sentimiento político mal meditado de aversión incondicional al régimen anterior. Comparten una visión negativa de la historia de España, como señalaba Julián Marías de los socialistas, y positiva del Frente Popular, durante el cual, tampoco debe olvidarse, el grito de “Viva España” llegó a considerarse subversivo. En fin, ni ahora ni antes fueron sinónimos antifranquismo y democratismo, y tiene la mayor importancia disolver también ese equívoco interesado. El antifranquismo ha funcionado, además, como una bula para mentir sin inhibiciones y para conductas en otro caso inadmisibles.
¿Cómo ha sido posible una falsificación tan sistemática, y a menudo tan grotesca, de nuestro pasado? No lo entenderíamos sin tomar en cuenta la inhibición intelectual de la derecha. Esta –al igual que gran parte de la izquierda--, procede del franquismo y, tras cosechar un gran éxito al organizar la transición frente a los partidarios de la ruptura, pasó a eludir la batalla de las ideas, juzgó que a los españoles no les interesaba su historia, sino su bolsillo y “mirar al futuro”. Ideas, o más bien falta de ellas, expuestas recientemente por Rajoy, junto con un entusiasmo oficioso o servil por el idioma inglés. “Mirar al futuro” es una expresión demagógica, una de esas frases biensonantes que no significan nada. Por desgracia o por suerte, el futuro permanece oscuro y las pitonisas fallan más de lo aceptable, aunque cobren caro. Con tal actitud, la derecha ha atacado también a algunos intelectuales independientes que recordaban los hechos y ha reducido la política a niveles pedestres.
Pero, por supuesto, a los españoles nos interesa mucho conocer nuestro pasado, aunque solo fuera por el dicho de Cicerón: “si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño”. Y, por cierto, percibimos un auténtico programa de infantilización de la sociedad, desde el enorme aparato del estado y desde la oposición derechista, como el que profetizaba Tocqueville: “Un poder inmenso y tutelar que se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, por el contrario, solo persigue fijarlos irrevocablemente en la infancia”. Pienso ahora en la nena angloparlante de Rajoy. Si la izquierda vive con una visión distorsionada de la historia de España, la derecha, poco lectora, ignora cada vez más el pasado.
Esa mentalidad derechista recuerda, por paradoja, a un marxismo en extremo vulgar, más tosco aún de lo que fue siempre el marxismo español. En plan revolucionario, Rajoy pretende que la gestión económica lo determina todo y que el pasado carece de relevancia actual. Se ha contagiado de la aversión izquierdista-separatista hacia la historia de España y aspira a una ciudadanía sin raíces, futurista, interesada exclusiva o muy preponderantemente en llenarse el bolsillo y aprender inglés. Pero cuando el PP rehúsa clarificar la historia reciente está cavando su propia fosa, pues por un lado deja libre a sus adversarios ese terreno crucial, y por otro demuestra cuánto teme ver confirmadas las horripilantes acusaciones que le hace la izquierda. De nada le sirve al PP afirmar que no existía como partido durante la dictadura, pues sin duda viene del franquismo, sociológica y a menudo personalmente. Así, pues, ¿qué futuro cabe esperar de un partido con un pasado tan negro como el que se le achaca? Es natural que el PP no quiera ni acordarse de él, y no menos natural que sus contrarios se lo recuerden, no vaya a repetir en el futuro sus criminales inclinaciones fascistas. El pasado importa, vaya si importa, incluso más que algún punto de crecimiento económico, aunque no logren entenderlo los expertos del PP, extraños marxistas ultravulgares.
Pero no nos interesa tanto el destino del PP como el de la sociedad española, expuesta nuevamente a ser víctima de sus políticos. La renuncia de la derecha, ya con la UCD, a lo que los marxistas llamaban la lucha ideológica, centrada en amplia medida en la clarificación histórica, ha causado enormes males a la democracia. Consideremos, por ejemplo, el terrorismo de la ETA, auténtico motor de la radicalización separatista, de los odios a España y otras muchas demagogias. El terrorismo, no lo olvidemos, ha tenido aquí durante el siglo XX un papel de mayor relevancia que en cualquier otro país europeo. Él socavó el sistema liberal de la Restauración hasta llevarlo a la crisis, luego convulsionó a la república, y ahora a la democracia. Pues bien, la ETA se ha beneficiado desde la transición de la llamada “solución política”, consistente en negociaciones al margen de la ley, al margen del estado de derecho y con la perspectiva de dar a los pistoleros partes sustanciales de sus exigencias, convirtiendo el asesinato en un modo privilegiado de hacer política. Y este tratamiento privilegiado se debió en gran medida al prestigio de los atentados de la ETA contra el régimen anterior. La gran mayoría de las izquierdas y sus prohombres no habiendo luchado realmente contra Franco o incluso habiendo colaborado con él, arrastraban un sentimiento de reverencia y de inferioridad moral hacia quienes sí habían luchado de verdad: ¡el historial etarra les merecía mucho respeto!
Solo en tiempos de Aznar, y por influencia de Mayor Oreja, empezó el gobierno a obrar conforme a la ley, aplicándola a los asesinos cada vez con menos vacilaciones. La nueva orientación rindió los mejores frutos, reforzó las libertades y sembró la alarma en los partidos dedicados a recoger las consabidas nueces. En un momento dado, el PSOE pareció sumarse a esa línea al proponer y firmar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, una excelente noticia para toda España. Hoy sabemos que muy pronto los jefes socialistas comenzaron a traicionar lo firmado, hasta transformarlo literalmente en su inverso una vez llegados al poder: un Pacto con los terroristas y los separatistas contra las libertades y la Constitución. Pacto justificado implícitamente en la presunción de que la convivencia establecida en la transición carecería de legitimidad al proceder del franquismo, siendo la legitimidad real la procedente del Frente Popular. Tal inversión, y la involución política correspondiente, resumen la historia de estos últimos años, con sus estatutos enfocados a sustituir la nación española, base de la soberanía, por un conglomerado de pequeñas naciones al gusto de los demagogos regionales, con el acoso al poder judicial, a la Iglesia, a las víctimas del terrorismo, a la libertad de expresión, etc. Y, no en último lugar, con las campañas de adulteración de la historia, campañas nunca abandonadas desde la transición y reforzadas ahora. Esas campañas han creado el ambiente propicio a las demás maniobras involucionistas. La ley que justamente podemos llamar de la adulteración histórica es al mismo tiempo una carga de profundidad contra la monarquía y la democracia actuales, deslegitimadas por su origen. Hoy los partidos frentepopulistas se sienten cerca de la victoria, con un presidente que no reconoce a España como su patria ni la considera nación, y se define como “rojo”, con toda su carga simbólica y política de intención totalitaria.
Estamos ante un problema realmente serio. ¿De dónde nacen estos comportamientos? Echando la vista atrás constatamos que nunca existió aquí una izquierda democrática e identificada con su propio país, y de ahí las convulsiones y desventuras del siglo XX. Bajo la liberal Restauración -- régimen con muchos defectos, pero también con grandes virtudes, ante todo sus amplias libertades, una cultura brillante y un progreso económico acumulativo-- las izquierdas practicaron el pistolerismo o lo apoyaron; sabotearon, en combinación o en concomitancia con los separatismos, al sistema que les permitía actuar y agitar libremente; organizaron revueltas y golpes hasta provocar la crisis que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera. Las izquierdas solo se moderaron bajo la dictadura, bien colaborando con ella, como el PSOE, bien cejando en sus violencias, como los anarquistas o los separatistas. Pero todas volvieron a radicalizarse durante la república, hasta destruirla en el proceso antes descrito.
Al llegar la transición, los principales partidos de izquierda, el PCE y el PSOE, parecieron civilizarse al renunciar ambos a la doctrina que los había guiado a lo largo de su historia, el marxismo en diversas variantes. El marxismo ha sido, justamente, la ideología más totalitaria del siglo XX, y su abandono implicaba un reconocimiento de sus consecuencias nefastas. Sin embargo ese abandono ni nació ni se acompañó de un análisis en profundidad de la doctrina y de las conductas políticas a que había dado lugar. Fue un cambio dictado por la mera esperanza de acceder al poder, un cambio superficial, sin sustituir los principios anteriores por otros de mediana solvencia intelectual; y los viejos tópicos de la guerra y el franquismo permanecieron.
El PCE, sometido a campañas de denuncia de su pasado desde la derecha y la izquierda, no pudo cosechar los frutos de su prestigio como único partido de oposición permanente al régimen de Franco, y por ello sufrió un declive acelerado. Por el contrario el PSOE, visto como una izquierda más aceptable, recibió ayudas morales, políticas y económicas hasta de la UCD y la extrema derecha alemana, y pudo presentarse como el partido de los “cien años de honradez”, patraña del mismo calibre que la democracia del Frente Popular, pero muy eficaz publicitariamente. Como marxista, el PSOE había sido un partido totalitario y esa idea le había llevado a organizar la insurrección de 1917 o, con plena deliberación, la guerra civil en los años 30, amén de incontables actos terroristas, chekas y expolios, o la supeditación del Frente Popular a Stalin mediante la entrega de las reservas financieras españolas. Pero, al revés de lo ocurrido con el PCE, nadie se preocupó de traer a colación ese pasado sombrío, y mucho menos de analizarlo. Prevaleció, dentro y fuera del partido, la imagen autocomplaciente de los cien años famosos, que afianzó a los socialistas en la opinión pública. Y la vieja legitimación ideológica, ya inaceptable, se trasladó a una legitimación histórica sobre la base de la gigantesca falsificación ya examinada. En consecuencia, el PSOE continúa sin ser un partido democrático, y sí un muy grave peligro para la libertad y la unidad de España, como constatamos a cada paso.
Con ello no niego que haya izquierdistas demócratas. Siempre los ha habido, y su paradigma podría ser Julián Besteiro, posible modelo para una regeneración de la izquierda. Besteiro denunció en su día el tenaz “envenenamiento de la mente de los trabajadores” practicado por los otros líderes del PSOE, Largo Caballero y Prieto, y anunció proféticamente el baño de sangre al final de aquel camino. No obstante, la historia de Besteiro es también la de un fracaso: los otros líderes, mucho menos escrupulosos y mucho menos respetuosos con las reglas del juego, lograron marginarlo. Hoy asistimos a un proceso semejante, de especial incidencia, y no por casualidad, en las Vascongadas, con Gotzone Mora, Redondo Terreros, Rosa Díez y otros. Pocos, por desgracia, para lo que exige la situación, y sin apenas ejemplos en otras regiones, prueba del efecto avasallador de un aparato partidista atento en exclusiva a las ventajas del poder y del dinero público, a manejos “sin ninguna idea alta”, como decía Azaña de sus correligionarios. Y sin embargo, o más bien por eso mismo, es absolutamente urgente la formación de una izquierda democrática e identificada con España y no con fantasmas siniestros y utopías extravagantes. Mientras ello no ocurra, nuestra libre convivencia seguirá en vilo.
Ahora les sugiero considerar qué pasaría si todos abandonásemos la asombrosa pretensión de que el Frente Popular o el antifranquismo representaron la libertad. En tal caso podríamos valorar debidamente el hecho crucial de que el resultado de la guerra civil abrió el período de paz más largo, con diferencia, disfrutado por España en los dos siglos pasados y lo que va de este; una paz en lo esencial muy fructífera, pues ha convertido a España en un país reconciliado, próspero y relativamente potente, y por fin ha asentado una convivencia en libertad mucho más firme que cualquier etapa anterior, abriendo perspectivas excelentes para el porvenir. Consideremos asimismo que casi toda Europa occidental debe su democracia y su prosperidad ante todo a Usa, mientras que nosotros nos las debemos ante todo a nosotros mismos, motivo de satisfacción y confianza. La perfección no existe en los negocios humanos y no vamos a ignorar los rasgos negativos del período, pero los positivos pesan más, mucho más, y el balance difícilmente podría ser más favorable.
Y, por el contrario, la persistencia de aquellos mitos infundados nos lleva a mirar con pesadumbre nuestros logros, favorece las utopías baratas y las tendencias disgregadoras y contrarias a las libertades, fomenta entre nosotros conflictos innecesarios que nos hacen perder absurdamente nuestras energías, nos debilitan en todos los sentidos y ensombrecen nuestro porvenir. Los períodos de crecimiento acumulativo de nuestra sociedad se han visto rotos en varias ocasiones por tales fenómenos, y sería una locura despreciar la experiencia para repetir los errores. El falseamiento del ayer envenena el hoy y el mañana, sin duda alguna, y un pueblo que olvida el pasado o lo distorsiona, se expone a repetir lo peor de él, en palabras de Santayana, a caer “en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil”, como expresó Menéndez Pelayo.
Pio Moa
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