La divulgación de información relevante para los ciudadanos, de forma libre y rigurosa, es una de las condiciones indispensables para garantizar la existencia de una democracia. La opinión pública española tiene derecho a recibir una información veraz y las instituciones públicas deben garantizar y proteger este derecho, según lo expuesto en el Artículo 20 de la vigente Constitución Española de 1978, en concreto en su apartado 1d: “Se reconoce y protege el derecho... a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. En su apartado 2, dice textualmente: “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.
Evidentemente, la ocultación de información relevante para los ciudadanos es censura y la difusión de información errónea o sesgada, con conocimiento de causa, desde instituciones del Estado, también es una forma de censura, porque ocultar la verdad, por medio de la manipulación de la información, la propaganda o la intoxicación son estrategias destinadas al fin de coaccionar a la opinión pública. Decía Noam Chomsky que la propaganda en una democracia es exactamente lo mismo que la coerción en un sistema totalitario, una medida de fuerza y violencia que se ejerce sobre los ciudadanos desde el poder, utilizando los fondos públicos, para engañar a los ciudadanos, con el interés de obtener beneficios.
En España los políticos se caracterizan en su inmensa mayoría por mentir sin descanso, lo que ha reducido su credibilidad a mínimos históricos. Hoy en día, los políticos se han convertido en el tercer problema para los ciudadanos en las encuestas del CIS, por detrás del paro y la crisis económica.
Cuando Zapatero negó que fuera a haber una crisis económica, tildándola de desaceleración, mintió a los españoles. Cuando Solbes le dijo a Pizarro que no sabía lo que decía para triunfar en las pasadas elecciones generales, mintió a los españoles. Rubalcaba tenía razón en marzo de 2004, cuando dijo que España necesitaba un gobierno que no le mintiera, pero desde que su partido comenzó a gobernar las mentiras no han cesado y se han multiplicado por varios dígitos.
Que un partido político obtenga un triunfo electoral mintiendo a los ciudadanos debería ser tipificado en el código penal. Gracias a las mentiras del PSOE hoy estamos como estamos, con cinco millones de parados, al borde de la quiebra permanente, con una deuda de un millón de euros cada seis minutos. Pero además de la gestión inepta, del despilfarro sin sentido, de las medidas estelares para atrapar electores y de los engaños sostenibles, el PSOE tiene una grave deuda con los españoles, porque no sólo ha mentido, sino que ha robado, desviando fondos públicos a sus afines como se ha visto en Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha o Asturias. Cierto que el PP también lo ha hecho, en lugares como Valencia o Madrid, pero las proporciones son extravagantemente superiores en el caso del PSOE. Sólo el caso de Caja Castilla La Mancha cubre toda la corrupción ejercida por el PP en España, a lo largo de sus años de gobierno, y ni siquiera ha habido alguien responsable que haya terminado en la cárcel.
El PSOE ha fomentado la cultura de la irresponsabilidad, el despilfarro, el amiguismo sectario y la prevaricación, al tiempo que ha creado un singular sistema de propaganda, organizado exhaustivamente, para contrarrestar las denuncias públicas que han ido surgiendo, habitualmente en internet y que, más tarde, cuando no ha sido posible acallarlas, han llegado a los medios de comunicación, el último caso que tenemos sobre la mesa es el de la SGAE, una sociedad que funciona con criterios de usura y genera 365 millones de euros al año, para repartirlos entre los que la apoyan, habitualmente músicos y cantantes, afines al PSOE.
Hoy mismo, la ministra de sanidad Leire Pajín, ha atribuido la disminución de abortos en España a la prevención y educación sexual, algo que depende de las buenas prácticas de su gobierno, cuando en realidad, según el Instituto Nacional de Estadística, se debe a una reducción en la fertilidad de las mujeres y la disminución de los inmigrantes. Si Leire Pajín es socióloga, como dice, no puede desconocer, siendo ministra de sanidad, los datos ofrecidos por el INE, luego ha mentido con conocimiento de causa a los españoles.
España sigue siendo uno de los países con menos mortalidad por temas relacionados con la pareja de Europa, sin embargo, se sigue ejerciendo la política más severa y la permanente propaganda de que es un problema extraordinariamente grave, con la única finalidad de poder distribuir ingentes recursos públicos en su prevención, cuando en realidad no existe tal dimensión del problema en comparación con otros países europeos, que teniendo mayores tasas dedican menos recursos a su resolución, no porque sean unos irresponsables, sino porque en realidad tienen menos legiones de contratados públicos defendiendo esta causa, que en la España feminista de Rodríguez Zapatero. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado para profeministas en este país desde el año 2004?, tal vez más de 20.000. ¿Cuántos cursos se imparten al año para "concienciar" (en realidad, adoctrinar) en la política histérica ante este problema?. ¿Cuántos recursos se dedican a afrontar otros problemas de la violencia doméstica como los asesinatos de hombres, niños o viejos por personas próximas?, en total, suman más casos de letalidad en el hogar hombres, niños y viejos, que mujeres y no reciben ni el 0,1 % de atención o recursos que los crímenes contra las mujeres. ¿Es esto normal?.
Hay muchas formas de intoxicar a la opinión pública, una muy sencilla es destacar lo favorable y ocultar lo desfavorable, y como la condición de la mayoría de periodistas de este país funciona en relación de dependencia con el poder, siempre se repiten las informaciones oficiales hasta que la verdad es apartada y prevalece la verdad oficial. Un ejemplo es la noticia surgida hoy en Asturias desde el Instituto de Estadística Asturiana que dice que en el Principado hay 284 habitantes centenarios, dando la sensación de que estamos en el paraiso de la longevidad, cuando en realidad, Asturias es la comunidad española con más elevada mortalidad, según nos informa el Instituto Nacional de Estadística.
Las instituciones gobernadas por el PSOE, no sólo han dado pruebas de escasa credibilidad a lo largo de estos años, sino de insidia y maldad al engañar permanentemente a los ciudadanos, de forma directa o indirecta, creando una artefactada impresión de la realidad que les favorece en la opinión pública. De todos los crímenes que un político en el gobierno puede cometer, el más grave es mentir a los ciudadanos que le han votado. Debemos exigirles responsabilidades, políticas, civiles y penales, si queremos que algún día la calidad de nuestra democracia abandone la demagogia.
Es obligación de todo ciudadano, constatar que las razones por las que vota a una determinada opción política con ciertas y no falsas (ni promesas, ni creencias, ni mitologías), y es obligación de todos los ciudadanos, mostrar públicamente, todas las falsedades a que somos sometidos desde la política. El día que un político salga en la televisión, como en los Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido, diciendo que no ha dicho la verdad y presente su dimisión por ello, sabremos que vivimos en una democracia, mientras tanto seguiremos viviendo en un régimen bananero, y nos seguirán tomando el pelo desde el poder.
Enrique Suárez
Evidentemente, la ocultación de información relevante para los ciudadanos es censura y la difusión de información errónea o sesgada, con conocimiento de causa, desde instituciones del Estado, también es una forma de censura, porque ocultar la verdad, por medio de la manipulación de la información, la propaganda o la intoxicación son estrategias destinadas al fin de coaccionar a la opinión pública. Decía Noam Chomsky que la propaganda en una democracia es exactamente lo mismo que la coerción en un sistema totalitario, una medida de fuerza y violencia que se ejerce sobre los ciudadanos desde el poder, utilizando los fondos públicos, para engañar a los ciudadanos, con el interés de obtener beneficios.
En España los políticos se caracterizan en su inmensa mayoría por mentir sin descanso, lo que ha reducido su credibilidad a mínimos históricos. Hoy en día, los políticos se han convertido en el tercer problema para los ciudadanos en las encuestas del CIS, por detrás del paro y la crisis económica.
Cuando Zapatero negó que fuera a haber una crisis económica, tildándola de desaceleración, mintió a los españoles. Cuando Solbes le dijo a Pizarro que no sabía lo que decía para triunfar en las pasadas elecciones generales, mintió a los españoles. Rubalcaba tenía razón en marzo de 2004, cuando dijo que España necesitaba un gobierno que no le mintiera, pero desde que su partido comenzó a gobernar las mentiras no han cesado y se han multiplicado por varios dígitos.
Que un partido político obtenga un triunfo electoral mintiendo a los ciudadanos debería ser tipificado en el código penal. Gracias a las mentiras del PSOE hoy estamos como estamos, con cinco millones de parados, al borde de la quiebra permanente, con una deuda de un millón de euros cada seis minutos. Pero además de la gestión inepta, del despilfarro sin sentido, de las medidas estelares para atrapar electores y de los engaños sostenibles, el PSOE tiene una grave deuda con los españoles, porque no sólo ha mentido, sino que ha robado, desviando fondos públicos a sus afines como se ha visto en Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha o Asturias. Cierto que el PP también lo ha hecho, en lugares como Valencia o Madrid, pero las proporciones son extravagantemente superiores en el caso del PSOE. Sólo el caso de Caja Castilla La Mancha cubre toda la corrupción ejercida por el PP en España, a lo largo de sus años de gobierno, y ni siquiera ha habido alguien responsable que haya terminado en la cárcel.
El PSOE ha fomentado la cultura de la irresponsabilidad, el despilfarro, el amiguismo sectario y la prevaricación, al tiempo que ha creado un singular sistema de propaganda, organizado exhaustivamente, para contrarrestar las denuncias públicas que han ido surgiendo, habitualmente en internet y que, más tarde, cuando no ha sido posible acallarlas, han llegado a los medios de comunicación, el último caso que tenemos sobre la mesa es el de la SGAE, una sociedad que funciona con criterios de usura y genera 365 millones de euros al año, para repartirlos entre los que la apoyan, habitualmente músicos y cantantes, afines al PSOE.
Hoy mismo, la ministra de sanidad Leire Pajín, ha atribuido la disminución de abortos en España a la prevención y educación sexual, algo que depende de las buenas prácticas de su gobierno, cuando en realidad, según el Instituto Nacional de Estadística, se debe a una reducción en la fertilidad de las mujeres y la disminución de los inmigrantes. Si Leire Pajín es socióloga, como dice, no puede desconocer, siendo ministra de sanidad, los datos ofrecidos por el INE, luego ha mentido con conocimiento de causa a los españoles.
España sigue siendo uno de los países con menos mortalidad por temas relacionados con la pareja de Europa, sin embargo, se sigue ejerciendo la política más severa y la permanente propaganda de que es un problema extraordinariamente grave, con la única finalidad de poder distribuir ingentes recursos públicos en su prevención, cuando en realidad no existe tal dimensión del problema en comparación con otros países europeos, que teniendo mayores tasas dedican menos recursos a su resolución, no porque sean unos irresponsables, sino porque en realidad tienen menos legiones de contratados públicos defendiendo esta causa, que en la España feminista de Rodríguez Zapatero. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado para profeministas en este país desde el año 2004?, tal vez más de 20.000. ¿Cuántos cursos se imparten al año para "concienciar" (en realidad, adoctrinar) en la política histérica ante este problema?. ¿Cuántos recursos se dedican a afrontar otros problemas de la violencia doméstica como los asesinatos de hombres, niños o viejos por personas próximas?, en total, suman más casos de letalidad en el hogar hombres, niños y viejos, que mujeres y no reciben ni el 0,1 % de atención o recursos que los crímenes contra las mujeres. ¿Es esto normal?.
Hay muchas formas de intoxicar a la opinión pública, una muy sencilla es destacar lo favorable y ocultar lo desfavorable, y como la condición de la mayoría de periodistas de este país funciona en relación de dependencia con el poder, siempre se repiten las informaciones oficiales hasta que la verdad es apartada y prevalece la verdad oficial. Un ejemplo es la noticia surgida hoy en Asturias desde el Instituto de Estadística Asturiana que dice que en el Principado hay 284 habitantes centenarios, dando la sensación de que estamos en el paraiso de la longevidad, cuando en realidad, Asturias es la comunidad española con más elevada mortalidad, según nos informa el Instituto Nacional de Estadística.
Las instituciones gobernadas por el PSOE, no sólo han dado pruebas de escasa credibilidad a lo largo de estos años, sino de insidia y maldad al engañar permanentemente a los ciudadanos, de forma directa o indirecta, creando una artefactada impresión de la realidad que les favorece en la opinión pública. De todos los crímenes que un político en el gobierno puede cometer, el más grave es mentir a los ciudadanos que le han votado. Debemos exigirles responsabilidades, políticas, civiles y penales, si queremos que algún día la calidad de nuestra democracia abandone la demagogia.
Es obligación de todo ciudadano, constatar que las razones por las que vota a una determinada opción política con ciertas y no falsas (ni promesas, ni creencias, ni mitologías), y es obligación de todos los ciudadanos, mostrar públicamente, todas las falsedades a que somos sometidos desde la política. El día que un político salga en la televisión, como en los Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido, diciendo que no ha dicho la verdad y presente su dimisión por ello, sabremos que vivimos en una democracia, mientras tanto seguiremos viviendo en un régimen bananero, y nos seguirán tomando el pelo desde el poder.
Enrique Suárez
