Los impuestos civiles

En los tiempos que corren, los políticos deben contribuir como los demás a que este país se recobre de la que ellos han armado con sus estúpidas decisiones. Quizás vaya siendo hora de que se establezcan IMPUESTOS CIVILES a los políticos lo mismo que se establecen IMPUESTOS POLÍTICOS a los civiles.

Ese impuesto podría ser variable e ir desde el 10 % hasta el 25 % del salario que reciben los políticos, de forma proporcional y progresiva, y tendría que extenderse a toda percepción del Estado que reciba un político en ejercicio y debería durar hasta que en este país se vuelva a crear empleo de forma estable.

También se podrían establecer tasas disuasorias del despilfarro en el consumo y la magnífica vida que se pegan a nuestra costa. Y por supuesto, una presentación mensual de las cuentas transparentes y accesibles a todos los ciudadanos. El dinero público es de todos, no de ellos.

Creo que es una situación extraordinariamente injusta que los ciudadanos paguemos los errores de los políticos y ellos se vayan de rositas, después de haber sido los autores materiales e intelectuales del crimen que se está cometiendo con la población civil

Enrique Suárez

El "Nuevo" rey de la lana

Corrían los primeros días de noviembre de 2010, cuando realicé una nueva estancia en la villa de Graus (Huesca), con un doble objetivo: cultivar la amistad y reencontrarme con la naturaleza. Ahora bien, este nuevo “séjour” en la villa oscense me permitió descubrir dos realidades, nuevas para mí. Por un lado, el placer de la micología (búsqueda, reconocimiento, recogida, preparación y degustación de los más variados hongos, en compañía de amigos/as entrañables), guiado por la sabiduría de nuestro anfitrión y amigo Ramón Auset. Y por el otro, tuve la ocasión de visitar (acompañado de Sandruki, periodista en ciernes y con porvenir, si se lo trabaja) la casa donde vivió y murió Joaquín Costa (Monzón 1846-Graus 1911): intelectual destacadísimo de la segunda mitad del XIX, regeneracionista de pro, miembro de la Institución Libre de Enseñanza, etc., que yo había descubierto, siendo estudiante en la Sorbona, allá por los años 80. José Mª Auset, sobrino de J. Costa y conservador-vigía del legado de su antepasado fue nuestro solícito cicerone, con su verbo abundante y florido.

· Nuestro guía nos hizo visitar, con explicaciones prolijas, las dependencias de la casa y, en particular, el despacho-biblioteca donde trabajó J. Costa y donde se encuentran aún, debidamente ordenados y conservados, algunos de los legajos de su fecunda producción lingüística, así como algunos de los libros de su biblioteca (en varios idiomas: francés, inglés, italiano y español). Al final de la visita, J. Mª Auset nos ofreció un número especial de El Ribagorzano (13.08.2004), con el que se conmemoró el centenario de este periódico y en el que había un suplemento con la relación de los artículos publicados en dicho medio por J. Costa, así como algunos de sus artículos más destacados. Entre ellos, uno titulado “El Rey de la Lana”, publicado, en 1904, en El Nuevo Evangelio (Madrid) y El Pueblo (Córdoba).

· En este artículo, por el que fue procesado, J. Costa cuenta que, en EE. UU., se utiliza la palabra “rey”, asociada a distintas actividades económicas (es aún el caso hoy, en 2011). Así, se habla del “rey del acero”, del “rey del petróleo”, del “rey del azúcar”, del “rey del trigo”, del “rey de los ferrocarriles”, etc. Ahora bien, precisa J. Costa, en España, no tenemos de estos reyes, pero sí, desgraciadamente, de los otros: Alfonso de Borbón (Alfonso XIII), que es aquí, en las Españas, “el rey de la lana”: el rey de “los 20 millones de españoles, verdaderos lanígeros por la inconcebible mansedumbre con que dejan llevar su piel al esquiladero del ministerio de Hacienda y sus crías al degolladero del cuartel y de la Guerra [...] sin ninguna protesta de la cabaña española, alias nación española”, J. Costa dixit.

· Este artículo de J. Costa es un texto atemporal, de plena actualidad y que tiene una vigencia incontestable en la España actual. Hoy somos unos 46 millones de habitantes (2009). Por lo tanto, se ha más que doblado la población de España. Pero, al mismo tiempo, se ha incrementado, en la misma cantidad, el número de cabezas de ganado lanar, que se rige por la filosofía y la etología de los “moutons de Panurges”, que se conforman con la realidad imperante y se siguen unos a otros ciegamente, sin reflexionar y sin el menor átomo de espíritu crítico. En efecto, ahora, como en 1904, y con lo que está cayendo, es difícil explicarse la mansedumbre, la placidez, la condescendencia, la docilidad, la sumisión, la indolencia, la magnanimidad,… con las que los ciudadanos españoles estamos asistiendo al proceso de degradación y destrucción de los cimientos del estado del bienestar y de derecho, propiciada por la corrupción económica, ética y moral generalizada de la casta política.

· ¿Qué tiene que pasar aún para que la sociedad civil —tan aclamada y solicitada por algunos analistas— genere muchas “ovejas negras”, que se revelen, se planten y digan: “hasta aquí hemos llegado, políticos mentirosos, corruptos, oportunistas, incompetentes,…”? ¿Qué tiene que pasar aún para que esta metamorfosis se produzca? Por lo visto, para la cabaña lanígera nacional (los 46 millones de habitantes), no es suficiente la crisis económica, el paro galopante, el crecimiento económico insuficiente, la inflación desbocada, la subida del IVA, la congelación de las pensiones, la bajada y la congelación del sueldo de los funcionarios, el recorte de los gastos sociales, la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, la ampliación del tiempo para calcular las pensiones, la corrupción de los políticos, la prostitución de la democracia (falta de la división de poderes), la reforma laboral antisocial,…; y lo que queda por llegar (co-pago sanitario y educativo, nuevas subidas de los productos de primera necesidad, nuevos impuestos, etc), ya que todavía no se ve el final del túnel.

· Ahora bien, nosotros, los ciudadanos españoles de a pie, no podemos irnos de rositas. De todo esto somos también responsables “con nuestro voto y aplauso, y también con el silencio de los borregos, que no siempre es imbécil o cobarde, sino también cómplice” (A. Pérez-Reverte). Las consecuencias negativas de la crisis no cesan y la situación es cada vez más crítica. Como dejó escrito Michel de Montaigne, “a nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa”. Por eso, no podemos seguir callados y mansurrones ya que, en parte, somos también responsables de lo que está sucediendo. Por cosas menos graves o parecidas, en Europa (Francia, Inglaterra, Italia, Grecia, etc.), los jóvenes y la sociedad civil se pusieron en pie de guerra y están en alerta. Por cosas parecidas o aún más graves, nuestros hermanos del norte de África (Túnez, Egipto, Libia, etc.) han salido a la calle y han desafiado a la fuerza bruta e irracional de ciertos dictadores.

· Nosotros, como se preguntaban recientemente A. Pérez-Reverte y J.L. Roig, ¿acaso somos idiotas? Parece que va a ser que sí. “Nos chulean, nos mangonean desde el poder, y seguimos idiotizados viendo la tele, sin escenificar un mínimo cabreo. [...] Nos atracan vilmente con más y más impuestos, y nada, nosotros saboreando nuestra estupidez (J.L. Roig). Entre 1904 y 2011, 107 años han transcurrido y no hay nada nuevo bajo el sol de España. Seguimos portando el pelo de la dehesa, seguimos siendo ganado lanar y seguimos siendo súbditos de un nuevo rey de la lana, sin llegar a ser y a comportarnos como ciudadanos. Cuando celebramos el centenario de la muerte de J. Costa, si este ínclito aragonés levantara la cabeza, volvería a morirse ante la contemplación de esta España, más lanar que nunca.

© Manuel I. Cabezas González

5 de abril de 2011

Civismo en la España del siglo XXI

Poco se habla de la condición que nos convierte en ciudadanos, porque parece que ser ciudadano se ha convertido en una condición pasiva y no activa. Grave error, ser ciudadano no es una condición hereditaria, sino adquirida. Nos hacemos ciudadanos cada día, desde que nacemos hasta que nos vamos. Ser ciudadano es un resultado, antes que un propósito, una elección, una decisión, no una asignación, ni una designación, porque no proviene de los criterios clasificatorios del poder, sino del reconocimiento de nuestros homólogos, de su respeto. La autoridad no nos hace ciudadanos, somos los ciudadanos los que debemos hacer la autoridad. Los ciudadanos hacemos la sociedad y el Estado, no es la sociedad, ni el Estado, ni el poder, lo que nos hace ciudadanos.

Un ser humano que nace en España (o adquiere la nacionalidad española) es uno de los 46 millones de españoles que se reparten de forma alícuota y equitativa la soberanía de la nación española. Eso nos ofrece la máxima condición de igualdad, porque todos los españoles somos iguales en relación a nuestra soberanía. Pero la ciudadanía es una condición adquirida siempre, hay buenos y malos ciudadanos, ciudadanos responsables e irresponsables, ciudadanos que cumplen con las leyes y otros que las incumplen. El criterio que determina la condición ciudadana es precisamente el civismo. Hay un error insidioso que se repite sin fin en la cultura española, lo que nos hace iguales a los españoles es nuestra condición soberana, ningún español puede ser más que otro en relación a su nación, pero la ciudadanía es una condición que nos hace diferentes, porque hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos, al igual que hay buenos políticos y malos políticos.

La soberanía ciudadana (o popular) es algo que proviene del ámbito republicano, los franceses son soberanos porque son ciudadanos, pero los españoles somos ciudadanos porque somos soberanos. La diferencia es muy importante, en Francia es el Estado jacobino el que concede la condición ciudadana, en España es la nación española –la reunión de todos los españoles, el pueblo español- la que lo establece, no el Estado, porque en nuestra Constitución queda extraordinariamente claro que somos los españoles los que constituimos el Estado español, no el Estado español el que constituye a los españoles. En nuestro caso, es la nación la que hace el Estado, no el Estado el que hace la nación, aunque a la inmensa mayoría de nuestros políticos, nacionalistas y no nacionalistas, se les haya olvidado para defender sus intereses

Tras este preámbulo estamos en condiciones de saber que es lo que nos hace ciudadanos a los españoles, que es prácticamente lo mismo que a cualquier ciudadano europeo, mientras que es la condición de soberanía la que nos distingue de los demás europeos y nos hace exactamente iguales a los demás españoles.

El civismo es el criterio que nos hace ciudadanos, que nos convierte en ciudadanos responsables, que nos otorga la condición colectiva que se ha diluido de forma extravagante en el concepto de sociedad. La sociedad es un ente abstracto mientras que la ciudadanía es una condición política que va en paralelo con la condición de los gobernantes y representantes públicos en el Estado. La ciudadanía ha sido usurpada por la designación social desde el poder, desde el Estado, los políticos han convertido a los ciudadanos en sociedad, para su administración homogénea desde el Estado, convirtiendo de forma desapercibida a los ciudadanos en súbditos y sometiendo su soberanía a a su poder omnímodo.

Recobrar la condición ciudadana, individual y colectiva, abjurando de la designación social, que considera a los ciudadanos como masa amorfa, es imprescindible para exigir rigor y responsabilidad a nuestros políticos. El civismo nos ofrece esa oportunidad, por eso es muy importante que cumpamos con los criterios de nuestra condición civil para que podamos exigir, no solo desde el contrato social, sino desde la potestad civil que se respeten nuestra libertad y derechos, que se administre la justicia con equidad y rigor, que los representantes públicos cumplan con sus obligaciones

Civismo es el conjunto de reglas compartidas que un colectivo humano se concede y exige a sus miembros para una convivencia armónica en común, pero también es la conducta pública que debe demandarse a los ciudadanos, conscientes de sus derechos y deberes, en relación a sus iguales en la colectividad y en relación a quienes administran el poder desde el Estado. El civismo no implica la participación en la actividad política, que puede darse o no darse según el grado de compromiso con las cuestiones públicas que cada uno decida.

Cifuentes Pérez, lo define así:"la construcción del concepto de ciudadano o ciudadana consciente de sus derechos y deberes, libre, crítico, responsable, participativo y solidario"

"El civismo designa un modo de comportamiento basado en actitudes de respeto y tolerancia activa hacia el ejercicio de los derechos y libertades de todos, aunque sean diferentes a nosotros en costumbres, moral o religión; el civismo tiene sentido en el marco del cumplimiento de las leyes en un Estado democrático y de derecho. En un contexto de tiranía, de despotismo o de dictadura el verdadero civismo adquiere la dimensión de la rebeldía cívica y de desobediencia civil. Ser ciudadano no es solamente tener los "buenos modales" que la burguesía preconiza como señal de buena convivencia y de orden social, porque esos buenos modales pueden servir de pretexto para encubrir una serie de injusticias que no interesa a los más poderosos descubrir ni eliminar"

Victoria Camps, sin embargo, prefiere añadirle la condición "social", considerando prácticamente que no puede existir un civismo que no sea social, algo que no se puede compartir, porque ambos términos no forman parte de la misma episteme, los ciudadanos pueden ser cívicos y sociales, esta reducción interesada puede conducirnos a numerosos equívocos. Lo civil o cívico es una cosa y lo social otra muy diferente, evidentemente para algunas ideologías como el socialismo que tiende habitualmente hacia la confusión terminológica, termina siendo lo mismo, que es la mejor forma de lograr que nadie se entere de lo que realmente es cívico y lo que es social. Desde una perspectiva liberal, política o simplemente democrática, lo cívico es un concepto y lo social, otro muy diferente.

Victoria Camps lo define así, en su deriva confusa hacia lo social, erradicando su fundamento en la libertad: "El concepto de civismo, como también el de virtudes cívicas, ha ido adquiriendo importancia en los últimos años debido a la necesidad creciente de poner de manifiesto el papel que el ciudadano debe desempeñar en las democracias liberales. El liberalismo, en el sentido más amplio de la palabra, es el régimen político que se ha impuesto, especialmente en el mundo occidental. Digo liberalismo en el sentido amplio, que incluye el reconocimiento no sólo de los derechos civiles, sino también de los derechos sociales, como la educación o la protección de la salud. Entendido de este modo, el liberalismo se caracteriza por el reconocimiento de dos valores fundamentales, la igualdad y la libertad, siendo este último el prioritario, dando por sentado, no obstante, que sin unas políticas mínimamente equitativas, el derecho individual a la libertad sólo es un derecho formal, lo que equivale a decir que es un engaño".

Dos formas diferentes de observar el mismo concepto, la primera desde la libertad, la segunda desde su negación. Siguiendo las enseñanzas de Victoria Camps, llegamos a la extravagante conclusión de que es el Estado (o bien la sociedad), el que concede la condición cívica, y no la elección en libertad de los ciudadanos y su decisión voluntaria, la que los convierte en ciudadanos. Deduciéndose entonces que la condición ciudadana debe ser obligatoria e impuesta y no voluntaria, elegida en libertad, y asumida en responsabilidad.

Algunas de las condiciones que constituyen y determinan el civismo son las siguientes:

1) Cumplimiento de las obligaciones dimanadas de las instituciones públicas en relación a los servicios que estas les procuran. Respeto a la Constitución, respeto a las leyes que conforman el Estado de Derecho.

2) Interés por los asuntos del Estado, por las cuestiones públicas, al menos en el mismo grado que por los asuntos particulares.

3) Conciencia de que se forma parte de una comunidad que debe ser construida por todos, no exclusivamente por los políticos, sino por los políticos y los ciudadanos.

4) Respeto a las instituciones a lo largo del tiempo, a los valores comunes y compartidos, a su cohesión, a su historia y a su futuro común, a los objetivos políticos democráticos establecidos por todos, a su consistencia y a su esencialidad.

5) Acuerdo de colaboración con los demás ciudadanos del país en aspectos compartidos, a pesar de las discrepancias ideológicas, políticas y económicas que existan entre ellas. El objetivo es la convergencia y no la divergencia.

6) Un objetivo permanente, compartido por todos, de mejorar la situación institucional, económica, política y social de todos los que conforman la comunidad. Lo común está por encima de las particularidades, que deben ser asumidas, siempre que no se desvíen del objetivo compartido por todos o al menos la inmensa mayoría.

7) El civismo exige tolerancia con los que discrepan de nosotros siempre que no traten de imponernos su versión de la realidad

8) El civismo se resume en un “ethos”, una ética para la vida y la convivencia, un respeto al prójimo y la exigencia de su respeto. El civismo requiere equidad y respeto por una justicia independiente del poder político

9) El civismo se adquiere por educación en unos valores, principios y creencias comunes, que deben respetar los particulares o los diferentes, sin tentación de erradicarlos.

Ser un buen ciudadano, requiere conocer en que consiste el civismo y cumplir con los criterios que lo definen, así como exigir a los demás que los cumplan igualmente, pero fundamentalmente una "conciencia cívica". Tal vez siendo mejores ciudadanos nos pongamos de acuerdo para exigir que los políticos que nos representan lo hagan de forma eficaz y rigurosa. Si no nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente podremos exigir respeto de los demás. El civismo debería ser la condición inexcusable que deberíamos exigir todos los ciudadanos españoles a nuestros políticos.

Recobrar nuestra identidad ciudadana, nuestra condición cívica, es un auténtico acto revolucionario en la España del siglo XXI.

Enrique Suárez

Libertades Civiles y Derechos Humanos

Ante la opresión progresiva y paulatina que el poder va ejerciendo sobre los ciudadanos, de la que los representantes políticos afincados en los partidos convencionales detraen sus privilegios y beneficios, se hace cada día más necesaria una respuesta emergente desde la sociedad civil.

En España no tenemos representación de la sociedad civil porque tenemos en su lugar representación de una sociedad política y partidaria. Fundamentalmente porque desde el poder político se ha impuesto un totalitarismo discreto que lo invade todo, no hay organización civil en España que no reciba subvenciones y ayudas del Estado, representado en sus diversas instituciones. Esta dependencia de las organizaciones que aspiran a representar a la sociedad civil, son perversiones de su propósito. Los sindicatos, por ejemplo, son sucursales del Estado, que reciben mucho más del Estado que de sus feligreses. Algunas ONGs tienen a veces menos seguidores que miembros con sueldo, gracias a las subvenciones y ayudas públicas que reciben. Los representantes de la cultura que favorecen los interese del Gobierno, beneficiándose de sus ayudas, viven del pesebre, mientras se instalan en la queja de que nadie adquiere sus productos, pero como se intitulan “artistas” todo el mundo debe adorarles, aunque la producción cultural española sea absolutamente patética, sobretodo cuando está protegida y promovida por el Estado, como es el caso de la industria del cine, o producciones editoriales que nadie atiende y que solo sirven para dar de comer a los promotores de la cultura gubernamental.

El Estado en España, ejerce de esa forma su totalitarismo también en la representación de la sociedad civil, no hay mejor forma de no tener adversario que ocupar los lugares de reacción civil con gente partidaria de la política gubernamental. ¿Quién ha escuchado jamás una crítica solemne del Gobierno a sindicatos, ONGs o artistas de la ceja?. Estas entidades son a la vez siervos y guardianes de los intereses gubernamentales, de perpetuación en el poder de los mismos u otros, pero siempre para seguir haciendo más de lo mismo. La entropía del sistema resulta ahora mismo insoportable, y está a punto de estallar, o lo hace de una forma organizada, paulatina y racional, o nos estallará de forma violenta e impredecible en nuestras propias narices. No se puede seguir toleranto tanta torpeza política.

La sociedad civil de seres humanos libres

A muchos se les llena la boca hablando de que en España no hay sociedad civil libre de prebendas del Estado, pero a la hora de avanzar sobre este lodazal se cuidan muy mucho de no transgredir las reglas que permiten la perpetuación de lo que existe, convertido en el más de lo mismo. Son los que tratan de resolver la putrefacción del problema con pequeñas modificaciones desde dentro, que no pongan en riesgo la concentración de poder en el Estado, dirigido por el Gobierno de turno. Son los jacobinos, los que consideran que el ser humano no existe como individuo sino exclusivamente como entidad ciudadana y social. Son los socialistas que viendo que todo lo que existe es un desastre tratan de salvar a las instituciones de la obra representada por los actores institucionales. Son los conservadores que temen a la libertad y tratan de regresar, sin hacer cambios, a un pasado magnificado por la mitología, como si el pasado no fuera origen del desastroso presente y el aterrador futuro. Son los nacionalistas que solo velan por sus intereses particulares, incapaces de comprender que los mismos están contenidos en los intereses generales de todos los ciudadanos.

Todos ellos son partidarios de sus intereses egoístas, que se oponen a los intereses egoístas de otros como ellos. Todos los partidarios de facciones políticas son iguales, idénticos, aspiran a tener el poder para implantar su modelo y beneficiar a los suyos, alcanzando privilegios que no pueden obtener por si mismos, y que pretenden obtener a costa de los demás. Los partidarios son explotadores gregarios y colectivos en nombre de una idea. ¿Pero quién defiende los intereses generales y comunes frente a los intereses partidarios?: absolutamente nadie.

De esta coyuntura surge la idea de antipartido, formado por defensores de los intereses generales y comunes. Es una absoluta falacia que un partido pueda defender los intereses generales y comunes porque siempre representará una interpretación sesgada que le favorezca de los mismos, siempre será partidario de una opción particular. Un antipartido, al contrario, tendrá partidarios de los intereses generales y comunes, poniendo límites al poder, incrementando las libertades civiles, defendiendo los derechos de todos y no de los feligreses de su iglesia o secta, con un poder conferido y delegado desde la libertad individual de sus miembros, agregado democráticamente desde abajo y no impuesto despóticamente desde arriba, de una forma autoritaria. El nosotros debe ser un resultado, una consecuencia de haber compartido un objetivo, no el origen de nada, no la causa interferida de la realidad.

Quizás haya llegado la hora de dejar de luchar entre izquierdas y derechas, entre liberales y socialistas, entre catalanes o vascos y españoles, para establecer una unión de principios, valores y criterios compartidos, porque a la gente le da igual que la representan mal, la estafen y la opriman desde el poder los de izquierdas, los de derechas, o los nacionalista, lo que la gente quiere es que no la estafen ni la representen mal, en nombre de una idea política, sea la que sea. Quizás haya llegado la hora de derribar el “Muro de Berlín” en la sociedad española, que separa artificialmente a ciudadanos que sufren los mismos problemas, la misma opresión desde el poder y los mismos privilegios políticos de cualquiera que les represente. Quizás haya llegado de superar las ideologías enfrentadas en el maniqueismo tradicional para sublimar la ideología, compartiendo objetivos comunes.

Es necesario comprender que la sociedad partidaria ha muerto, la civilización occidental exige un avance más allá de la restringida exclusivamente a los partidos políticos y sus secuelas sociales. La sociedad partidaria concluye cuando se comprende que ninguna de las opciones que pretenden la representación de los ciudadanos va a ser mejor que la otra, es hora de que superemos el modelo secuencial de alternativas de gobierno, avanzando supuestamente en lo social y destruyendo lo económico cuando están los socialistas y avanzando en lo económico y desatendiendo lo social cuando están los conservadores. Es necesaria una alternativa que avance en lo social y lo económico al mismo tiempo, que supere el maniqueísmo tradicional que tenga como vocación la libertad y no la opresión del poder, que tenga como objetivo la restricción de los privilegios de los representantes políticos y el control y la limitación civil de los desmanes del Gobierno, de cualquier color. Es necesario cambiar para avanzar. La sociedad partidaria es una facción conservadora, establecida de forma autoritaria desde el poder con la intención de mantener atrapada a la población representada en una hipnosis permanente, para seguir repartiéndose beneficios entre los que obtienen privilegios de la existencia de este sistema.

En Estados Unidos, desde hace muchos años hay organizaciones no gubernamentales, mantenidas exclusivamente con los fondos de sus asociados que se oponen a la sociedad partidaria. Un ejemplo clásico es la American Civil Liberties Union (ACLU), la organización civil con más seguidores en los Estados Unidos, con más de medio millón de seguidores. Entre los fenómenos recientes tenemos el Movimiento Tea Party, con una orientación al control fiscal de los representantes políticos y del gobierno desde una interpretación conservadora de la realidad.

Libertades Civiles y Derechos Humanos

Las libertades civiles, un concepto de origen británico fundamentado en la Carta Magna de 1215, establecen los límites en los que el Poder, bien desde el Estado o desde su uso por el Gobierno correspondiente, pueden interferir en la vida de los ciudadanos, considerados como entidades indivuales con derecho inherente a una vida privada. Las libertades civiles son ontológicamente previas a los derechos civiles, que regulan su existencia. Las libertades civiles se vinculan con la condición soberana de los ciudadanos, mientras que los derechos civiles son el resultado de la cohesión de los individuos en una sociedad con un Estado, es decir, como ciudadanos. En los países occidentales, fundamentalmente en todos los que no son de área anglosajona, las Constituciones han disuelto las libertades civiles en derechos fundamentales, con la ingenua idea de que va a ser el Estado el que va a proteger las libertades civiles, cuando en realidad es su mayor fuente de opresión. Las libertades civiles se exigen desde la sociedad civil que se autodetermina, no desde el Estado que trata de anular la condición soberana de los ciudadanos. Las libertades civiles emergen de la libertad para contraponerse al poder.

Los derechos humanos, un concepto mucho más reconocido por los españoles y europeos, son un límite que el poder se impone a sí mismo, en representación de los ciudadanos. Una autolimitación en la que todos los Estados firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, propuesta desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que los Estados firmantes se comprometen a respetar los derechos correspondientes. Pero los Derechos Humanos no es una conquista de los seres humanos, sino una concesión del poder, he ahí su extraordinaria diferencia.

En un mundo perfecto Libertades Civiles y Derechos Humanos habrían de coincidir, pero esa realidad habitualmente no existe. El tener un Derecho no es garantía de una Libertad, hay muchos derechos constitucionales que son sencillamente papel mojado (derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho a una educación apolítica), en último extremo, por ejemplo, tener derecho a la vida no significa siquiera tener la libertad de nacer, de alcanzar la vida, controversia que se establece en el tema del aborto. Una tremenda contradicción de nuestra sociedad es ver como la muerte de los animales es regulada por leyes, mientras la vida de los seres humanos es limitada por leyes. No entraré en la polémica del aborto, que excede el objetivo de este artículo, y que considero que es mejor que sea regulado a que no lo esté, pero es un caso extremo en el que el ejercicio de un derecho de un ser humano puede impedir la libertad de un ser humano de llegar a serlo.

En España está surgiendo en estos momentos una organización civil, de estructura liberal y objetivos civiles, sociales, políticos y culturales, que tiene la pretensión de defender los intereses generales de los ciudadanos españoles, desde las Libertades Civiles en oposición a los intereses partidarios representados por los partidos políticos convencionales, desde el Poder. Esa organización pretende difundir en nuestro país el concepto de Libertades Civiles, que no pueden estar exclusivamente protegidas y defendidas, y de hecho no lo están, por la presencia de derechos constitucionales fundamentales que se incumplen o derechos humanos que se desatienden, ni que pueden ser represantados por nadie de forma indirecta, pues afectan a cada uno y a todos los ciudadanos al mismo tiempo. Las Libertades Civiles se defienden siempre desde el agregado de individuales, no desde su conglomerado social. Las libertades civiles son precisamente los instrumentos para defender el cumplimiento de los derechos por parte del Estado y del Gobierno. Es la exigencia de justicia de la sociedad, conformada como individuos soberanos con derechos ciudadanos. Sin una participación numerosa de los ciudadanos hartos de los convencionalismos políticos y el más de lo mismo, esta organización no podrá alcanzar sus numerosos objetivos en la gestión de nuestra democracia en libertad, bajo el paraguas común de la Constitución.

Esa organización no tiene aún nombre, ni lo necesita, pero tiene futuro ante la opresión que viene y emergerá en el momento que corresponda.

Biante de Priena