450.000 empleados políticos en España

Alguien se ha tomado la molestia de calcular revisando los datos del INE, de Eurostat, y de otras instituciones, cuantos cargos y cargas nos ofrece el único sector laboral que ha crecido, más de un 25 %, durante los últimos diez años: LOS EMPLEADOS POLÍTICOS, mientras en España se reducía la población activa en un 21 % y el paro general alcanzaba los seis millones de ciudadanos, el sector político parece que es el único que no se ha visto afectado por la crisis económica en este país.

A continuación, una relación pormenorizada de los cargos y cargas de origen político, que tenemos en este país, sin ánimo de ser exhaustiva, pues habría que añadir otras entidades públicas o directamente gestionadas políticamente que no se reseñan en la relación. También habría que añadir los empleados públicos que están adheridos laboralmente a estos organismos, por lo que la onerosa representación política en este país supera el millón y medio de empleados de origen político, afincados en el epígrafe SECTOR POLÍTICO, creados exclusivamente para la representación política, siendo muchos miles aquellos de los que se podría prescindir y este país no se enteraría, e incluso funcionaría mucho mejor. Más en un país en el que actualmente hay un millón de licenciados en el paro, posiblemente mucho mejor cualificados que la mayoría de los colocados por la gracia del dedo que los puso.

España es el país de la Unión Europea con más empleados políticos proporcionalemente a sus habitantes. 

Cargos: Número Diputados y senadores 616 Parlamentarios autonómicos 1.206 Alcaldes 8.112 Concejales 65.896 Diputados provinciales 1.031 Cargos de confianza en diputaciones 970 Responsables de cabildos y consejos insulares 139 Consejeros Valle de Arán 13 Mancomunidades 2.800 Políticos contratados como cargos de confianza 40.000 Políticos empleados en empresas públicas o con participación estatal 131.250 Políticos en la Unión Europea 1.100 Políticos en embajadas autonómicas 940 Políticos en el Consejo de Estado 60 Políticos retirados con pensiones 1.600 Tribunal de Cuentas 120 Consejos económicos y asesores 4.800 Defensores del pueblo, menor, mujer, etc 900 Observatorios y entes asesores 2.600 Fundaciones públicas 1.600 Sindicalistas liberados 65.130 Representantes Patronales 31.210 Cámaras de comercio 6.000 Cargos políticos en la Tesorería General de la Seguridad Social 800 Cargos políticos en el INEM nacional y regionales 2.400 Cargos políticos en entidades educativas 1.900 Instituto Cervantes 80 Cargos políticos en embajadas nacionales 240 Entidades de cooperación al desarrollo 230 Cargos políticos en medios de comunicación públicos 630 Entidades de gestión de fondos de formación 140 Entidades de desarrollo rural 860 Consejos reguladores 480 Políticos ante organismos internacionales (ONU, OCDE, etc) 160 Consorcios 870 Comisiones nacionales (Valores, Telecomunicaciones, etc) 440 Gestores de fondos públicos 680 Casa Real 132 Entidades financieras públicas 460 Cargos de designación para gestores de clases pasivas 40 Cargos de designación para entes gestores de vivienda pública 390 Entidades de publicaciones públicas 430 Entidades de difusión cultural en el exterior (estatal y autonómica) 1.470 Agencias Públicas de Regulación 910 Tribunales y entes de mediación 630 Entidades de conservación del patrimonio 860 Entidades de investigación e I+D 182 Entidades relacionadas con el tabaco 182 Entidades relacionadas con el juego 164 Patrimonio del Estado y autonómicos 640 Entidades de coordinación territorial y municipal 450 Entidades de mutualidades públicas 1.360 Cargos de designación directa en el sistema sanitario 8.260 Cargos de designación directa en el sistema educativo 9.390 Organismos de control interno 4.270 Organismos de gestión catastral 2.470 Direcciones generales de Policía y Guardia Civil 130 Instituciones Penitenciarias 61 Protección civil y servicios de emergencias 700 Seguimientos de medios de comunicación y gabinetes de prensa 7.200 Servicios estadísticos y de padrón municipales 730 Entidades de transporte público estatal, autonómico y local 7.800 Entidades de conservación de infraestructuras 1.360 Correos y telégrafos 870 Consejos deportivos 120 Entidades bibliotecarias y museísticas 2.080 Entidades vinculadas al teatro, cine y expresiones artísticas y culturales 1.415 Entidades de conservación 360 Entidades de reindustrialización y reconversión 82 Entidades vinculadas a la gestión de la energía 540 Mercados centrales 346 Desarrollo de medios rurales 1.315 Gestión del agua y cuencas hidrográficas 860 Protección medioambiental y actuaciones en la costa 2.105 Agencias meteorológicas 26 Agencias de cambio climático y reducción del gasto energético 480 Centros de estudios sociológicos, históricos y constitucionales 795 Organismos de igualdad y prevención de la violencia doméstica 2.330 Organismos de trasplantes y donación 86 Plan nacional sobre drogas 36 Entidades estatales y autonómicas de comercio exterior 2.450 Entidades de astronomía y astrofísica 34 Entidades de investigación oceanográfica y pesqueras 260 Parques tecnológicos y empresariales 370 

Total:  445.534 empleados del sector político en España.

¿Y si los funcionarios se hacen acreedores de parte de la deuda pública española?

Tabla salarial funcionarios españoles año 2010

A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen, España tiene actualmente un grave problema con la deuda pública, debido al despilfarro que cometió el anterior presidente de gobierno, pues entre 2007 y 2011 duplicó su volumen, en el 2007 teníamos una deuda de 380.661 millones de euros (36,1 % del PIB) y en el 2011, ascendía a 734.961 millones de euros (68,5 % del PIB).

La prima de riesgo era en junio de 2007 de 15 puntos, y en junio de 2011 de 290 puntos, actualmente es de 475 puntos tras llevar casi un mes por encima de los 500 puntos. Actualmente, gracias a la inconsciencia o la conciencia malvada del anterior gobierno, tenemos que pagar de intereses 435 millones de euros diarios, sin amortización de la deuda que ya se lleva casi el 25 % de nuestro PIB, junto con los intereses.

Estos son los resultados de una mala gestión, de la que nadie se hace responsable pero que está trayendo a los españoles una de las situaciones más precarias a la que nos hemos enfrentado en nuestra historia reciente. Los motivos que tuvo el anterior gobierno para cometer esta atrocidad pasan por diversas alternativas: el triunfalismo inane, la ineptitud galopante, o la insidia perversa de querer tapar sus errores para que no redundara en los resultados electorales del PSOE, de cualquier forma una descomunal irresponsabilidad que no puede caer en el olvido y de la que debe exigirse de forma inmediata explicaciones y restitución moral, además de material por el estropicio causado.

Sin embargo, conocer las causas del problema no ayuda a resolverlo, actualmente las filas de trabajadores del Estado están infladas de forma desorbitada, medio millón de funcionarios con un elevado número de transformados por la gracia de las cejas de Zapatero de laborales en vitalicios, en los últimos siete años, no es de recibo, entre otras cosas porque es un crecimiento artificial del Estado. La cuestión es que no pertenecen todos a decisiones directas del Gobierno, pero el Gobierno consintió que todos alcanzaran su puesto, sin poner puertas al campo, porque le interesaba electoralmente.

Llegados a este punto, además de una depuración de funcionarios adscritos al carnet y el enchufe que habría que erradicar, nos sigue quedando el problema de la deuda, que podría resolverse con ingenio si alguien en el Gobierno actual pensara racionalmente y reflexionara sobre los problemas reales del Estado español.

Una de las próximas medidas que se espera, además de la subida de impuestos es el recorte de funcionarios y de sus sueldos. Evidentemente los que entraron por el artículo del dedo del colocador, deberían ir pensando en abandonar su posición de privilegio si en este país existiera justicia, algo que cada día resulta más cuestionado. También sería necesario ajustar las plantillas a las necesidades reales. Pero sobre los restantes, alrededor de 2,5 millones con sueldos medios de 2.000 euros mensuales, antes que reducir su salario se podría pensar en pagar una parte del mismo, tal vez un 10 %, con deuda del Estado español, por ejemplo bonos a 10 años, mejor aceptado sería que reducir su sueldo en un 10 %.

Al disminuir el 10 % su salario se reducirían sus retenciones de IRPF, con lo que en percepción líquida la reducción sería de un 7 %, mientras que el 10 % que recibirían en deuda pública les procuraría unos intereses que a los 10 años les haría recibir prácticamente el mismo dinero, solo que de esta forma se diferiría su cobro. En cierta forma, funcionaría como un adelanto que los trabajadores del Estado realizan a su empresario, a cambio de mantener la seguridad de su trabajo y el compromiso del Gobierno de no realizar más medidas, lo que incrementaría la seguridad laboral. No sería una cantidad importante, alrededor de 10.000 millones de euros lo que se ahorraría cada año, pero sería un gesto importante para incrementar la confianza de nuestros socios europeos y los mercados en nuestro ánimo de resolver los problemas que tenemos. Además de ofrecer a la ciudadanía española una imagen de los funcionarios de responsabilidad y coparticipación en la asunción de los graves problemas económicos que atraviesa España.

Por otra parte, sería una forma de convertir en accionistas de su propia empresa a los funcionarios españoles, que recuperarían su dinero si las cosas van bien en la misma, eso incrementaría la productividad española de los empleados públicos, que está por los suelos en comparación con la mayoría de los países europeos, además de la competitividad, en la que España ocupa el puesto 39 del mundo, alejándose cada día más de las economías avanzadas.

Los efectos sobre la prima de riesgo y el déficit público serían inmediatos y al mismo tiempo harían que los mercados recobraran la confianza en nuestro país rápidamente. Además se podría hacer de forma consensuada directamente con los trabajadores mediante acuerdo personalizado, los únicos que no estarían de acuerdo, posiblemente, fueran los sindicatos de clase (UGT, CCOO) instalados en el Estado, que se verían desplazados para siempre de la negociación laboral pública, lo que les condenaría a su desaparición.

Pero que quieren que les diga, eso también haría que se incrementara la confianza y la credibilidad de los mercados en este país nuestro y que mejoraran nuestras circunstancias mucho más deprisa que si permitimos que los sindicatos sean los que regulen las condiciones laborales de los españoles, fundamentalmente en el sector público, porque vamos a dejar de engañarnos, ellos no viven de que las cosas funcionen bien, sino de que funcionen mal, cuanto peor funcionan más necesarios parecen.

Enrique Suárez

El próximo deterioro de los servicios gestionados por el Estado

La siguiente etapa de regresión (“progreso”) que acontecerá en los próximos meses será la rebelión de los funcionarios, que no son militares, es decir, no tienen obediencia debida a un régimen. El deterioro de los servicios al principio será paulatino, prácticamente desapercibido, se tapará con ingentes recursos propagandísticos, que terminarán convirtiendo a los funcionarios en enemigos del sistema, cuando en realidad son quienes lo sostienen.

¿Por qué ocurrirá un deterioro de los servicios gestionados por el Estado?. Es muy sencillo, la gente que dirige este país desde el PSOE no tiene capacidad ni para dirigir un ayuntamiento de mil habitantes. De un Gobierno mediocre no se pueden esperar maravillas, sino esperpentos.

¿En qué lugares se observará más el deterioro?. Pues fundamentalmente en los pilares del Estado de Bienestar: sanidad, educación, justicia, orden público, medios de comunicación públicos. Se tratará de ocultar lo que ocurre, se buscarán culpables entre los que habitualmente se oponen a la memez y se dirá que se están boicoteando las buenas intenciones y la estrategia del Gobierno desde las instituciones. Algo parecido a lo que Chávez ha dicho de los restos del colonialismo cuando le han pillado colaborando con las FARC y ETA.

La disminución de sueldo entre los funcionarios públicos españoles en las distintas instituciones se estima ahora mismo entre un 5 y un 10 %, que no se hará de forma visible. Llama la atención que con la amenaza de subir un 2 % el IVA en junio, los funcionarios no hayan reivindicado ya su ascenso salarial en la misma proporción, algo que se ha hecho siempre para no perder poder adquisitivo, pero en esta ocasión, los dirigentes sindicales se han encargado de amordazar a sus afiliados, y están dispuestos a que la pérdida de poder adquisitivo pase desapercibida. Lo mismo ocurrirá con las pensiones, que si no ascienden más del 2 % perderán poder adquisitivo.

¿Se imaginan ustedes que esta medida fuera tomada por un Gobierno del PP, hasta donde llegarían las manifestaciones y las huelgas?. ¿Por qué los funcionarios y los pensionistas tienen que pagar las veleidades ideológicas de un Gobierno del PSOE?. ¿Se piensan los del PSOE que este país es suyo, tanto que han criticado al franquismo por lo mismo?. Es una vergüenza que nos tomen el pelo de esta forma, los representantes sindicales y el Gobierno actuando en connivencia. Salvo los funcionarios con carnet del PSOE, los más odiados por sus compañeros por su soberbia y estupidez, los demás se van a cruzar de brazos viendo cómo se estrellan, lo esperan desde hace tiempo, les tienen hartos. Además las plantillas no se recortarán, pero tampoco aumentarán, con lo que está claro que el trabajo por funcionario será mayor y además cobrando menos.

Se va a producir un deterioro de los servicios gestionados por el Estado, por la sencilla razón de que es la forma de protesta del funcionariado ante la imposición de disminuir su sueldo. Siempre ha ocurrido, tanto si la disminución salarial es visible como si es encubierta, prepárense para hacer colas en las instituciones y para presentar demandas contra el servicio recibido. En unos meses regresaremos a los años ochenta del siglo pasado, es lo que tiene el progreso.

Biante de Priena